Carta a un rey malo PDF Imprimir E-mail
Monarquía - Felipe VI
Escrito por Jordi Borja   
Martes, 04 de Julio de 2017 00:00

Unos meses después de las primeras elecciones, los 40 años que ahora se conmemoran, los ponentes estaban elaborando el proyecto de Constitución. Desde la Casa Real, de acuerdo con las cúpulas militares, llegó una recomendación más o menos amenazadora. Una breve frase que debía formar parte de los primeros artículos de la Carta magna. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”. Fue el artículo segundo de la Constitución.

Una frase aberrante, metafísica, esencialista y opresora. El texto presupone que la Constitución se deriva de un ente previo, indisoluble, indivisible, que nada ni nadie puede modificar. Unas palabras místicas más joséantonianas que propias del racionalismo y del liberalismo. Se citan a continuación “las nacionalidades y las regiones con derecho a la autonomía” pero no se reconoce a las nacionalidades ser “un pueblo”, un “demos”. Lo que piensen y quieran los vascos o los catalanes no cuenta, no pueden opinar. Con una fórmula más clara, realista y cínica un intelectual madrileño lo sintetizaba: “Vosotros los catalanes no sois españoles, eso lo podemos entender pero lo que no entendéis es que Cataluña es de España”. El artículo 2 obviamente sobra, por realismo, por lógica y para no hacer el ridículo.

La Constitución tiene inevitablemente artículos o lógicas contradictorias debido a los actores políticos con intereses e ideas muy dispares y no todos de de bases democráticos. Sin embargo, a pesar del artículo 2, a las nacionalidades, Catalunya, Euzkadi y Galicia se les reconoce como hizo la República de 1931 mediante un estatuto pactado. Son sus Parlamentos los que elaboran el proyecto de Estatuto, lo transmiten a las Cortes, se pacta el texto definitivo, se aprueba en el Congreso de diputados y en el Senado y se retorna a Catalunya para que se apruebe en referéndum. Así se hizo con el Estatuto de Catalunya de 1979 y de 2006. La Constitución no establece ningún control posterior pues los estatutos de las nacionalidades han sido validados por las instituciones más representativas y confirmadas por referéndum. Siendo además un pacto del Estado español con las nacionalidades históricas tal como lo configura la propia Constitución el Tribunal Constitucional no podía de ninguna manera enmendar a la Constitución, a las Cortes y al pueblo catalán que se manifestó por medio del Parlament y por referéndum. A lo que se puede añadir, para mayor provocación, el TC dictó una sentencia que no solo es anticonstitucional, también es gratuitamente agresiva pues menosprecia las referencias al carácter nacional de Catalunya. Otra circunstancia agravante es el carácter de la sentencia es interpretativa y muy sesgada, claramente partidista, política e ideológicamente. Mejor no entrar en detalles sobre las sospechas muy verosímiles de ofertas de altos cargos a algunos jueces para que se inclinaran en favor de amputar un tercio del estatuto. Y en algún caso, como Pérez Tremps, fue apartado sin justificación legal del caso. El PP fue el instigador y una exigua mayoría del TC (creo de 6 contra 4) ejecutó una enorme fechoría contra la Constitución y contra el pueblo catalán. Pero también provocó una crisis política en España que dura 7 años y que pone en peligro la convivencia entre los pueblos de España.

Y ahora aparece el reyecito discurseando sobre el riesgo que se rompa “la convivencia”, que los catalanes actúan “fuera de la ley solo hay arbitrariedad, imposición e inseguridad” y “porque solo dentro de la ley cobran vigencia los principios democráticos”. ¿Pero a caso no conoce la Constitución y sus asesores no le indicaron que la sentencia ilegítima del TC nunca debió existir? ¿No se enteró que el PP organizó una campaña contra Cataluña cuando se aprobó el Estatut y no paró hasta la sentencia del TC? ¿Nadie le advirtió que los gobiernos centrales y el TC a lo largo de los últimos 20 años fueron reduciendo la autonomía y han atentado a las competencias propias de la nacionalidad como son la lengua, la cultura y la educación? ¿En nombre de la convivencia a caso indicó al jefe de gobierno que un ministro como Wert era un pirómano especialmente en referencia a Catalunya? ¿No se ha enterado del maltrato económico incluso en perjuicio de nuestra inserción europea como es la conexión del eje mediterráneo y muchos más proyectos? ¿No le han informado que el TC se ha convertido como un equivalente de la brigada político-social franquista por medio de las leyes y decretos promovidos por el gobierno del PP, en este caso y en otros como la “ley mordaza”. Y ¿usted, nos da lecciones de democracia, convivencia, leyes justas, seguridad y prosperidad y consenso en su discursito de conmemoración de las primeras elecciones democráticas? Ya que existe, lo cual es prescindible, por lo menos podríamos esperar que su status de jefe del Estado debería estar por encima de las confrontaciones, favorecer el diálogo, promover los pactos y expresar valores y criterios básicos, como la justicia, la libertad y los derechos humanos. Usted simplemente se ha mostrado un simple portavoz de un gobierno bravucón, corrupto y que ha provocado una crisis política perfectamente evitable.

Usted debería propiciar el consenso y la convivencia y puestos a pontificar debiera dirigirse al señor Rajoy y compañía que no abren ninguna vía de diálogo, que se acorazan en una lectura sesgada de la Constitución, que no permiten ni una consulta que los juristas más reconocidos facilitan diversas formas para hacerlo incluso sin modificación constitucional, que no proponen alternativas a la situación actual. Pero usted solo nos hace discursos amenazadores y provocadores, mezcla de ignorancia y menosprecio. Nos riñe como si fuéramos niños maleducados. Usted por lo menos debe estar informado de las grandes movilizaciones de la ciudadanía catalana desde la sentencia del TC en 2010. Las jornadas del 11 de setiembre que han movilizado entre un y dos millones de personas y la consulta “alegal” del 9 de noviembre 2014 más de 2 millones. Los actos multitudinarios en los que participan gran parte de la sociedad catalana y todos sus estamentos así como entre el 80 y el 90 % de los ayuntamientos. Entre el 70 y el 80% de los catalanes quieren el referéndum o la consulta. Hay ahora cerca el 50 % de independentistas cuando hace menos de 10 años no llegaban al 20%. Es en gran parte debido al gobierno español, a las cúpulas de los llamados “partidos constitucionalistas” y a la monarquía.

¿Cómo se atreven usted, los gobernantes del PP, la parte de la judicatura cómplice y los medios de comunicación que practican el patrioterismo rancio, como pueden acusarnos de no aceptar la democracia, de romper la convivencia y la seguridad de todos, de negarse al diálogo? Incluso nos acusa de poner en peligro la reconciliación nacional. Sepa usted que cuando usted no había nacido, y su padre estaba al cuidado del dictador, yo, militante del PCE-PSUC, de 18 años luchaba por la reconciliación nacional, a final de los años 50. Prefiero no citar los avatares de mi vida y mantener los mismos valores. Pero usted, sus palabras en el susodicho discursito, me parecen propio de tiempos pasados, no precisamente democráticos. Nosotros, la gran mayoría de los catalanes, sean independentistas o no, unos quieren estar fuera del Estado español pero muy cerca y otros quieren estar dentro pero de otra manera, con más dignidad, más reconocimiento y más autogobierno. Tuvimos y tenemos paciencia, siempre hemos reaccionado pacíficamente, todos los actos masivos han sido incluso tranquilos y casi festivos, no ha habido ni se plantea por parte de nadie ningún esbozo de violencia. La sentencia del TC fue una provocación, fue un atentado a la Constitución, fue un golpe de Estado contra la democracia, se quiso humillar a los catalanes, someterlos por medio de normas injustas y aplicadas sin base constitucional. Ahora la mayoría creen que ya es el momento de ser consultados, decidir su futuro, quieren que sea un referéndum legal, lo cual es lógico políticamente y posible jurídicamente. Queremos una solución pactada. ¿Pactado, pero con quien? Ni usted ni el gobierno español no quieren ni hablar de ello. Somos conscientes que ahora el referéndum o hipotética declaración de independencia sin pacto previo no es la solución, es una llamada de atención urgente, situarnos al límite. La consulta o referéndum es y será inevitable. No soy independentista pero parece como si nos quieren empujar hacia la independencia. No se equivoquen si ustedes no asumen sus graves responsabilidades para haber llegado hasta aquí y si no abren vias de diálogo la aspiración independentista será cada vez más mayoritaria. La independencia no será seguramente hoy, pero puede ser más pronto que tarde. Y usted con discursitos lamentables habrá sido uno de los responsables.

 

Jordi Borja es urbanista

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Fuente: Público

 

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