Las leyes y lo que diga el Tribunal Constitucional son una cosa, y sus creencias, otra. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya había manifestado su desacuerdo con el rechazo al recurso de inconstitucionalidad que su partido, el PP, había presentado ante la ley de matrimonio de personas del mismo sexo que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. Y el miércoles, en Roma, tuvo ocasión de repetir —e intentar justificar— sus argumentos. “Si nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, no podemos usar argumentos confesionales. Existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonio no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada”.

Una vez más, nos encontramos ante un hecho extremadamente anómalo de las leyes y de la democracia española. De esta sentencia se pueden derivar algunas consideraciones de características muy graves. 1-Que están muy difuminadas y limitadas las competencias, en cuanto a la autonomía de los ayuntamientos. 2-Que no existe una ley de Libertad de Conciencia estatal (de donde se derive la libertad religiosa y de otras convicciones e ideologías) como referente legal, para dar respuesta legal a cuestiones que afectan a los derechos y deberes individuales y colectivos, para amparar el derecho a la libertad de conciencia igualitaria de todos las personas, sin que haya discriminación por razón de sexo, religión… (Art. 14 de la Constitución española).