Pues sí, me lo parece, el nuevo gobierno de Rajoy es meapilas que, según nuestra Real Academia, significa santurrón, o sea, exagerado en la devoción, hipócrita que aparenta ser devoto. Cada vez entiendo menos que en los actos protocolarios del gobierno se utilicen elementos religiosos. Lo han vuelto a poner en práctica en la toma de posesión del equipo ministerial. Sobre la mesa ante la que juraban o prometían su cargo se encontraban un crucifijo y una biblia.

Cuando pronunciaban la fórmula de acatamiento constitucional, la mayoría de los protagonistas apoyaban su mano sobre el libro religioso. ¿Qué pretendían demostrar? ¿Estaban jurando una cosa y pensando otra? ¿Sus dogmas y prejuicios religiosos van a condicionar las decisiones gubernamentales? Ya nos avergonzó bastante el anterior ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con su ángel de la guarda, Marcelo y sus condecoraciones a vírgenes y cristos. Esperaba menos parafernalia religiosa, aunque unos días antes el propio presidente ya había señalado su querencia jurando de la misma forma.

El 19 de junio de 2014 se produjo la proclamación de Felipe VI como nuevo rey, fue una ceremonia sencilla, exenta de símbolos religiosos, plenamente aconfesional como marca nuestra Constitución. Recuerdo celebrar tal acontecimiento con el artículo titulado “¡Un rey laico!”. Me alegró su valentía, en esto mejoraba mucho a su antecesor en la Zarzuela. Tenía la esperanza de que a partir de este gesto tan notable por parte de la Jefatura del Estado, todas las instituciones públicas seguirían su ejemplo y se eliminarían los símbolos religiosos de los actos políticos, de cualquier celebración civil. Ya vemos que no ha sido así, apenas algún pequeño cambio, ahora la Constitución está ubicada en el lado derecho de la mesa de juramentos, la Biblia ocupa el izquierdo, menos preeminente protocolariamente y la cruz está en una esquina de la misma. La Casa Real permite elegir al contrayente si quiere presencia o no de simbología religiosa. Ya vemos que esto ha supuesto que todo siga más o menos igual. Ha faltado valentía y compromiso constitucional. Después de la decisión laica de Felipe VI, no se debió permitir que ningún futuro cargo público prestara juramento de otra forma.

Tenemos todavía pendiente la asignatura de laicismo, no la aprobaron los gobiernos sustentados por un partido que se dice laico: el PSOE, mucho menos la va a superar un gobierno del PP, porque en sus decisiones encontramos un tufo insoportable a nacionalcatolicismo. Deberían atender a lo que dice el papa Francisco: “El Estado debe ser laico. Los estados confesionales terminan mal. Esto va contra la Historia”. No solo los gobernantes españoles deben atenderle, tienen que hacerlo sus obispos. La Conferencia Episcopal Española ha estado en el monte, asilvestrada, presionando a los políticos, llamando a la desobediencia civil, en manifestaciones contra la legalización de los matrimonios homosexuales? en fin, aún recuerdo con ternura a Rouco Varela con una gorrilla, bajo una pancarta. Aquel tronante cardenal, apóstol de todos los integrismos, que reclamaba la presencia de Dios en la política, mientras propugnaba el expolio de bienes públicos, apoyándose en una ley franquista de 1946 que concedía a los obispos el privilegio de inmatricular bienes que durante siglos habían pertenecido al pueblo. Aznar amplió esta ventaja exclusiva en 1998, ahora ya podían apropiarse hasta de la Mezquita de Córdoba y ¡lo hicieron!; según el Registro de la Propiedad, más de 4.500 propiedades públicas han pasado a manos de la Iglesia en los últimos diez años.

La Constitución de 1978 dice que: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” (art. 16.3). Esto significa, según el Tribunal Constitucional, que nuestro Estado es aconfesional, en el sentido de laicidad positiva. Que no valen más interpretaciones. Ya está bien de tanta indecencia y de tan poco pudor. Si “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias” (art. 16.2), ¿por qué los miembros del gobierno se prestaron al atropello constitucional en su toma de posesión?, ¿es que no valoran su propia dignidad personal?

Urge, por otro lado, la denuncia de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede firmados en enero de 1979. Suponen una suplantación fraudulenta de algunos artículos constitucionales, como el sostenimiento económico de la Iglesia católica, vía exención de impuestos y otras prebendas, además de contratar y pagar a miles de profesores de religión que nombra el obispo de turno.

Estamos ante un gobierno extremista, además de meapilas, muy alejado del centro derecha que dicen ocupar. El Partido Popular se ha mostrado reaccionario en lo político y fundamentalista en lo religioso. Cuando llaman radicales, extremistas o antisistema a los rivales políticos, deberían autoevaluarse y ser más respetuosos.

Acabo con una cita de Victorino Mayoral, en su libro “España: de la intolerancia al laicismo”: “Si hoy la sociedad es más avanzada, tolerante, pluralista, libre, humana y solidaria se lo debemos al pensamiento laico”.

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Fuente: La Opinión de Zamora