Desde que los obispos españoles apoyaron el golpe militar del general Franco contra la República en la Carta Colectiva del 1 de julio de 1937, la jerarquía católica de nuestro país  no ha logrado liberarse del yugo que le ataba al dictador y a su régimen. Juntos celebraron la victoria con el brazo en alto y el canto del Tedeum en iglesias, catedrales, seminarios y centros religiosos. La Santa Sede Apostólica y el Estado Español firmaron el Concordato de 1953 que llenaba de privilegios a la Iglesia católica: económicos, culturales, educativos, fiscales, culturales, religiosos, familiares, laborales, jurídicos y militares. El Concordato exigía a los sacerdotes españoles “elevar preces” por el dictador.

Cuantas veces, de una forma coloquial y espontanea, hemos expresado la frase “con la Iglesia hemos topado” cuando hemos visto o hemos hablado de los beneficios que la Iglesia católica tiene en nuestro país y lo poco que se puede criticar a esta por el apoyo externo que tiene.

Pues bien, esto viene a cuento por la permisividad que se está teniendo con la Iglesia católica para enajenar bienes públicos e inmatricularlos para hacerlos propios y sacar beneficios de estos impunemente. Por el oscurantismo que se tiene con la cantidad de casos de poca transparencia que tienen a la hora de justificar sus cuentas, muchas de ellas recibidas con dinero público o extrañas donaciones.