EN otras ocasiones he manifestado por escrito el gran respeto que siento hacia tantos sacerdotes y monjas que viven ejemplarmente su fe, entregando su vida al servicio de los demás. Los respeto, los admiro y les agradezco siempre su sacrificio y su esfuerzo generoso. Pero eso no me puede impedir que manifieste también mi desprecio hacia los jerarcas que me parece que dan mal ejemplo de ciudadanía al conjunto de la sociedad. Ahora leo que el obispo de Córdoba ha denunciado que "la incitación a la fornicación es continua en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, incluso en algunas escuelas de Secundaria".

 Los obispos españoles disfrutan de un privilegio que no posee ningún empresario: seleccionan a su personal y prescinden de él según sus particulares criterios, pero es el Estado el que paga los sueldos y el que afronta las indemnizaciones en caso de despido improcedente. Que tome nota la patronal de esta bicoca que permite a los obispos incluso quitarse de encima a los siempre incómodos sindicalistas. Total, de perder el pleito -y casi siempre lo pierden- paga el Estado.Desde que en 1979 el Gobierno español suscribió con el Vaticano un acuerdo que permite este estado de cosas, la Iglesia católica ha perdido decenas de pleitos que han costado al erario público millones de euros a cuenta de los despidos improcedentes de los profesores de religión católica, que suman, por cierto, un total de 17.000 en las escuelas públicas españolas.