Todos los actos de las personas tienen consecuencias (positivas o negativas), de las que debemos responsabilizarnos. Si las consecuencias son de naturaleza jurídica (civil o penal), debemos asumirlas. Y ello es también aplicable a los entes jurídicos de todo tipo. Menos si se trata de la Iglesia católica (Ic, en adelante). Como denuncia Andalucía Laica, la jerarquía católica puede vulnerar derechos fundamentales de una persona y adoptar decisiones ilegales (decidir el despido de una catequista de religión, atentando contra su libertad de conciencia) sin hacerse responsable de las consecuencias. El Estado (o sea, 
El pasado 14 de agosto fue inaugurada por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y el arzobispo, Juan José Asenjo, la estatua a Karol Wojtila, para los católicos papa peregrino Juan Pablo II. Veinte metros cuadrados del espacio público y cuatro metros de altura, o sea, ochenta metros cúbicos, albergarán el ya cotidiano homenaje en bronce a este personaje. La iniciativa ha sido promovida por la asociación Pro Monumento a Juan Pablo II en Sevilla, que curiosamente se autodefine “apolítica y aconfesional”. En la placa reza “Sevilla a Juan Pablo II”, como si toda la ciudadanía sevillana perteneciera a esa asociación. 
Sorprende sobremanera que los representantes de nuestra iglesia católica, la iglesia de los pobres, no se hayan echado aun a la calle en protesta por las políticas gubernamentales de supresión de ayudas a los pobres dependientes, de negación de la sanidad a los pobres sin papeles, o de eliminación de las limosnas a los pobres parados. Se conoce que les pilla en mala fecha. 
La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I. Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198). El trámite costó apenas 30 euros. Tal robo fue posible por dos milagros.
El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario.