El Señor Rouco Varela, ayer decía que la ley de la muerte digna no era la legalización de la eutanasia. Hoy, la conferencia episcopal afirma que es una ley disfrazada que permitirá "la matanza de ancianos". No cabe duda, que la iglesia católica española, con estas alegaciones, lo único que pretende es sembrar cizaña y arremeter contra el gobierno socialista. Su estrategia es crear confusión entre los ciudadanos creyentes, y saben, que siempre tendrán de su lado al partido popular.

Si repasamos la historia de la iglesia católica, no podemos decir que la preocupación de la jerarquía católica fuese el evangelio de la vida, o que consideró la vida de cada persona como sagrada. La iglesia católica ha organizado cruzadas y guerras, matando hombres, mujeres y niños indiscriminadamente, y con la promesa a la soldadesca que participando en estas guerras santas tendrán abiertas las puertas del cielo... Para eliminar judíos, moros y heréticos crearon la santa inquisición, con hogueras y torturas y confiscación de bienes, pues estas minorías no se convertían, o mejor dicho, no se sometían al poder absoluto de la iglesia. Luego llegaron los fusilamientos, silenciados y apoyados con toda tranquilidad de conciencia por una jerarquía eclesiástica adepta a los gobiernos dictatoriales de derechas. Cuando una institución tiene un pasado manchado de tales atrocidades, ha perdido toda la autoridad moral para dar lecciones de respeto a la vida humana.

Si todos estos obispos y cardenales abandonarán sus palacios episcopales, sus coches oficiales, cogieran el autobús y el metro y fueran a trabajar con sus hermanos, los sacerdotes de los barrios más desfavorecidos de la sociedad y convivieran con esta ciudadanía, tal vez comprendieran las realidades de la vida humana de todos los mortales.

Si la eutanasia no es un tema nuevo en la historia del hombre, estos últimos años está tomando un gran protagonismo en las civilizaciones occidentales. Los ciudadanos de las sociedades modernas, son cada vez más numerosos a querer decidir de su propia muerte, cuando la existencia les ha privado de la dignidad humana. Piden respeto y libertad a sus decisiones.

Si el debate al nivel político es tenso y las soluciones legislativas difíciles y complicadas, no se puede eludir las realidades sociales con respuestas de condenación y amenaza. La muerte digna, termino preferido por muchos al de eutanasia, será uno de los temas morales que los responsables políticos, en sus parlamentos, tendrán pendiente de debate.

Los gobiernos, de todos los colores, tendrán la responsabilidad de dar respuestas a sus ciudadanos sin rigorismos ideológicos, ni imposiciones dogmáticas; no se podrán contentar de gobernar sólo para una parte de la sociedad aunque esta sea muy influyente y poderosa, y dejar completamente de lado a la otra. En este caso sería, la igualdad de los ciudadanos, una farsa.

En Francia, donde la eutanasia activa es considerada delito. Cuando una madre provocó voluntariamente la muerte de su hijo, en coma desde años, ningún tribunal se atrevió a condenarla. Cuando en Suiza, una doctora, acusada de eutanasia activa hacia algunos de sus pacientes, que solicitaron su ayuda para poner fin a sus días, abandonó el tribunal sin ningún cargo. En España, el caso, presentado en la película "mar abierto", de una eutanasia activa, tampoco nadie se atrevió a buscar culpables.

Si las autoridades judiciales se abstienen de pronunciar condenas a pesar de tratarse de actos considerados delictivos, hay algo que no cuadra entre la justicia y las realidades. La opinión pública ha sido unánime a aprobar las decisiones de esos tribunales. Vivimos una época donde los valores cambian. Los ciudadanos asumen la responsabilidad de sus ideas y convicciones, y difícilmente se dejan manipular e influenciar por dogmas; saben, que no se puede hacer la amalgama entre la muerte digna o la ayuda a la muerte digna y la matanza de ancianos o los actos criminales .

La ley de la muerte digna es una respuesta adecuada a lo que piden los ciudadanos, creyentes y no creyentes. La ley de la muerte digna, no obliga a nadie a matar o a pedir de ser matado. La ley de la muerte digna no ataca las convicciones personales de cada ciudadano. Es una ley en beneficio de todos, sin distinción de ideología. Por lo tanto merece respeto y apoyo, y toda maniobra por parte de la conferencia episcopal, queriéndose erigir en el árbitro supremo de la moral española, es inútil, mal venida, y perniciosa para un estado aconfesional y democrático.

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Fuente: http://www.laicismo.org