Nos dicen que vivimos en un Estado aconfesional y así lo proclama la Constitución del 78 “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero no es verdad.
No se puede llamar aconfesional un Estado que conserva unos privilegios concedidos a la iglesia católica durante la dictadura. Un ejemplo de la falta de neutralidad del Estado en materia religiosa son las Inmatriculaciones
Es en este asunto donde más claramente se ve la injerencia de la iglesia católica en las Instituciones del Estado. Precisamente por ello reclamamos la necesidad imperiosa de proclamar un Estado Laico en el que sea una realidad la separación de la iglesia y el Estado.
Empecemos despejando una duda ¿qué es inmatricular? Inmatricular es inscribir un bien por primera vez en el Registro de la Propiedad, un bien que no estaba registrado. Dicho así de forma asilada, no quiere decir nada. ¿Dónde está el problema? El problema es la desigualdad ante la ley como veremos a continuación.
Para un particular registrar un bien no es fácil, cualquiera de nosotros para poder inmatricular necesita demostrar que el bien es suyo con documentos, testigos, plazos de exposición pública, escritura notarial etc.
Sin embargo para la iglesia católica este proceso es muy sencillo. El obispo dice: “esto es mío porque lo digo yo” y solucionado. Le basta con presentar ante el registrador un documento firmado por él mismo certificando que los bienes son de su propiedad. Y así sin más trámite, ni publicidad, el bien queda registrado en una operación absolutamente clandestina. Además no hay conflicto pues como nadie se entera, nadie reclama
¿Por qué la iglesia católica tiene este privilegio en un Estado aconfesional?
Esto es así porque la iglesia hace un uso perverso de la ley hipotecaria de 1946 procedente del franquismo que les concede a los obispos la facultad de ser fedatarios públicos. De esta forma se apropian de todo tipo de bienes a pesar de que esta ley excluye de forma taxativa los lugares de culto.
Este tipo de leyes de dudosa constitucionalidad, resultan injustas e inmorales, también sabemos que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos le parece una ley que atenta contra el derecho de las personas. En cualquier caso, después de la Constitución del 78 son anacrónicas.
La jerarquía católica utilizando esta vía se ha ido apropiando de un patrimonio inmobiliario sin precedentes en la historia de España. Y ahora decimos “apropiar” porque los obispos se adueñaron de bienes muebles e inmuebles que no les pertenecían.
Ya se han dado casos de denuncias de los secretarios de ayuntamientos por la venta, traslado o desaparición de órganos, retablos, edificios y objetos valiosos considerados propiedad del pueblo.
No podremos saber más del expolio producido hasta que no se conozca el listado completo de todos los bienes inmatriculados por la iglesia.
Durante años las comunidades vecinales fuero cediendo aposentos, casa, huertos para facilitar la vida de los clérigos que les asistían religiosamente. La cesión en uso no otorga de ninguna de las maneras título de propiedad. La iglesia católica española ha abusado de la buena fe de las gentes y con el oscurantismo propio de la jerarquía católica se fueron apropiando de prados, montes, pinares, viviendas, locales, frontones, albergues, atrios, plazas, cementerios, fincas, solares…etc.
La codicia de los obispos no tuvo límites y en plena burbuja inmobiliaria comenzaron a inmatricular los templos de culto que hasta ese momento la ley hipotecaria prohibía expresamente. A partir de de este momento los obispos ya tenían “barra libre” y todas las leyes a su disposición para convertir al Estado Vaticano en la mayor inmobiliaria de España.
La ley se lo ponía fácil, sencillo, privilegiado y además barato. La Mezquita de Córdoba es inmatriculada por 30 euros y la catedral de La Seo de Zaragoza por 20 euros, ambas son bienes de interés cultural de un valor incalculable y declaradas Patrimonio de la Humanidad que el arzobispado se queda por un módico precio para después explotarlas económicamente.
Porque ese es el fin último, especular y recaudar. Se calcula que por las entradas a estos monumentos, que la iglesia paradójicamente llama “donativos” aunque sea obligatorio pagar para poder visitarlos, se recaudan unos 15 millones de euros. No se sabe a ciencia cierta la cantidad porque es un dinero opaco, sin fiscalizar, que la iglesia no declara y no se sabe en qué se emplea. En definitiva, un paraíso fiscal hecho a medida.
Dice la iglesia católica que los templos son suyos “desde tiempo inmemorial” pero los pueblos tienen memoria de que esos templos se construyeron con el esfuerzo y el sudor de hombres y mujeres sin distinción. Con su trabajo y su sangre se levantaron los muros de catedrales e iglesias.
Los templos, iglesias y catedrales son espacios comunes donde las necesidades y el orgullo local se han hecho arquitectura y arte. Como la comunidad obliga, todo ha sido pagado de fuerza o de grado por todos los vecinos, ahora sí “desde tiempo inmemorial”, antes incluso de que existiera la iglesia católica.
Recientemente el Ayuntamiento de Zaragoza, atendiendo al llamamiento de sus vecinos y vecinas ha anunciado que va a litigar para recuperar estos bienes, en concreto cuatro templos: La catedral de la Seo, La iglesia de la Magdalena, San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor que gracias a las gestiones de la Asociación aragonesa Movimiento Hacia Un Estado Laico, MHUEL se ha sabido, no sin dificultad, que estaban inmatriculadas desde 1987.
Por el contrario el grupo municipal del PP ha presentado una moción con la intención de paralizar el litigio para recuperar la propiedad pública de los bienes usurpados. Para confundir a la opinión pública los ediles populares lo llaman de forma torticera “expropiación”.
No puede llamarse expropiación puesto que sólo se puede expropiar lo que está documentado en propiedad y no hay certificación de que estos bienes sean propiedad de la iglesia católica máxime cuando fueron registrados con anterioridad a que la ley se lo permitiera, es decir en lo que podría considerarse un fraude de ley.
Por todos estos motivos se ha formado una coordinadora estatal para la recuperación de los bienes inmatriculados por la iglesia católica que se ha llamado RECUPERANDO.
Recuperando, sí, porque ahora nos toca a nosotros recuperar nuestro patrimonio, reivindicar el trabajo comunal de nuestros antepasados y demandar su carácter público.
Es obligación de las administraciones públicas recuperar el valioso patrimonio de los pueblos y devolvérselo a sus legítimos dueños pero si no hay una movilización ciudadana y conciencia social del expolio cometido no se podrán cambiar las cosas.
Sólo con la presión social se puede conseguir un cambio en la actitud de los políticos.
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Fuente: AraInfo