La Delegación del Gobierno en Madrid ha resuelto ayer prohibir la manifestación convocada para el próximo Jueves Santo por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, «por su evidente voluntad de provocación» a los católicos, «sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en la resolución», ha informado en un comunicado la institución que dirige Cristina Cifuentes.

La resolución se basa, entre otros motivos, «en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados».

El escrito de comunicación presentado el 6 de marzo en la Delegación por los convocantes, señala, entre otras cuestiones, que el objetivo del acto conocido como manifestación atea es «sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, la libertad de expresión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado».

El acuerdo de la Delegación del Gobierno que prohíbe esta marcha se fundamenta en los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, la Jefatura de Policía y la Abogacía del Estado, que coinciden en que dicha protesta no debe llevarse a cabo «por el riesgo de que se produzcan alteraciones de orden público».

AMAL anunció posteriormente que no desconvocarán la manifestación y que estudiarán recurrir la prohibición ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El presidente de AMAL, Luis Vega, ha señalado que la prohibición es una «decisión política». También ayer la plataforma por la libertad religiosa Más Libres entregó a la Delegación del Gobierno más de 31.000 firmas contra la manifestación atea.

El presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (Amal), Luis Vega, criticó este miércoles la prohibición de la marcha en defensa de la aconfesionalidad del Estado convocada para el próximo 5 de abril (Jueves Santo) en el madrileño barrio de Lavapiés.

En declaraciones a Servimedia, Vega señaló que esta decisión "no se ajusta a derecho" y sostuvo que la delegada del gobierno ha adoptado dicha medida "bajo presiones de la Iglesia católica". "Esta es una decisión política", prosiguió, "pues los argumentos que emplean se emplean para prohibirla son hipótesis y carecen de rigor".

"En cualquier manifestación pueden darse potencialmente desórdenes públicos como dice la delegada del Gobierno y es función de la policía velar para que esto no suceda", destacó.

Según argumentó, "el próximo 29 de marzo habrá una manifestación en la que quizás se produzcan incidentes y a nadie se le ocurre prohibirla por eso".

Ante esta situación, Vega preguntó al Gobierno si "acaso el Estado mantiene alguna relación contractual con la Iglesia católica por la cual el día 5 de abril se haya decretado de su propiedad".

Vega destacó que la intención de Amal es mantener la convocatoria y presentar un recurso ante los tribunales, aunque precisó que dichas medidas deberán consensuarse con las demás entidades que promueven la manifestación.

"En cualquier caso, quiero recordar que lo habitual y establecido por ley es avisar de que se ha convocado una manifestación para que se puedan tomar las medidas oportunas que garanticen el orden público, pero denegar este derecho es algo muy infrecuente", concluyó Vega.

Manifiesto.  "No más privilegios: de mis impuestoas a la iglesias, CERO"