Privatización de fiestas y celebraciones Imprimir
Laicismo - Estado Laico
Escrito por Simón Itumberri   
Domingo, 07 de Enero de 2018 05:57

Un año más, un desfile de los “Reyes Magos” levanta una polémica. Esta vez se trata de la cabalgata del barrio madrileño de Vallecas, en la que participó una carroza de “Reinas Magas” (encarnadas por tres drag queens) organizada por el colectivo Orgullo Vallekano, la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas y la Mesa de Igualdad del distrito.

Frente a lo que algunos dieron a entender en días previos, las “magas” no sustituyeron a “Melchor”, “Gaspar” y “Baltasar”, sino que iban disfrazadas de animales en otra carroza (de un total de dieciséis) que ostentaba el lema “Vallekas por la diversidad” y que iba adornada con una bandera gigante del arco iris y con un enorme trono, desfilando al compás del himno de la comunidad LGTBI, “A quién le importa” de Fangoria.

Los “Reyes Magos” y la “tradición cristiana”

En los días anteriores diversos colectivos protestaron al tener conocimiento de que desfilarían las tres activistas LGTBI. Representantes del Partido Popular y Ciudadanos consideraron que se trataba de una “desnaturalización de la Navidad” promovida por el equipo de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena. La Liga Española Pro Derechos Humanos solicitó al Juzgado de Instrucción de lo Contencioso Administrativo de Madrid que adoptara medidas cautelares urgentes para impedir la participación de esta carroza, solicitud que fue desestimada. En su escrito alegaban que esa carroza va en contra “del arraigo de las tradiciones católicas y la inalterabilidad de las instituciones bíblicas”.

En lo primero tienen razón, pues el orgullo LGTBI es evidentemente contrario a las tradiciones católicas. Pero es un error asociar las cabalgatas tradicionales a “la inalterabilidad de las instituciones bíblicas”, porque cualquiera que lea el relato evangélico comprobará que la tradicional representación de los “Reyes Magos” no tiene nada que ver con la Biblia: ni los magos eran reyes, ni se dice que fueran tres, ni se indica que todos fueran hombres, ni se dan sus nombres, ni se señala que uno fuera negro, ni mucho menos traen regalos a los niños de otras épocas en un contexto de vorágine consumista… Es más, la ética cristiana es contraria a que a los niños se les mienta, y resulta especialmente disparatado hacerlo fomentando la creencia en personas mágicas, pues se puede suscitar en la mente de los menores cuestiones como la siguiente: “Papá, mámá, si lo de los Reyes Magos era mentira, ¿lo de Jesús también?”. Así que tradición católica sí, pero cristiana no.

Añadía esta liga en su escrito que la inclusión de activistas LGTBI “perjudica altamente el interés general, a los niños en su ilusión y tradición, además del interés legítimo de la Iglesia Católica por la irreverente y ofensiva imagen que afecta a uno de sus principales símbolos”. Argumentaban que los magos “no son personajes sino citas bíblicas de las cuales el Ayuntamiento de Madrid no es titular”. “Por ello no puede alterar la inalterabilidad dogmática de la Iglesia Católica durante milenios”.

Aquí se nos ofrece una clave fundamental que la mayoría pasa por alto: la cabalgata es una celebración de una organización religiosa concreta, la Iglesia Católica Romana (ICR), basada en sus tradiciones y su “dogmática” sobre los magos de Oriente. El problema es que la ICR no tiene derecho a dictar qué elementos pueden formar parte de ella desde el momento en que estas cabalgatas son auspiciadas y financiadas por los ayuntamientos. Hasta ahora esta iglesia, y los colectivos vinculados a ella, no han protestado por el hecho de que una celebración particular suya fuera promovida por los poderes públicos, que según la Constitución no deben representar a ninguna creencia concreta. Tampoco se han opuesto a la “desnaturalización de la Navidad” que suponen los peculiares elementos que se han incorporado a las cabalgatas desde hace años, como personajes de Disney y Star Wars.

Así que estamos ante un ejemplo más de confusión de la esfera religiosa y privada con la esfera pública y estatal (municipal en este caso). Y el enfoque incorrecto del asunto viene de todas partes. Marimar Vázquez, de la asociación Orgullo Vallekano, impulsora de la iniciativa, informa: «Pensábamos hacer una cabalgata paralela pero cuando lo propusimos en la Junta municipal nos dijeron que nos uniéramos a la principal y que qué cosas necesitábamos». La propuesta inicial era la correcta: si un colectivo quiere hacer una cabalgata de la temática que desee, ¿quién se lo puede impedir? La solución de la Junta municipal es incorrecta, porque parte del error de que los ayuntamientos deben organizar fiestas religiosas. Finalmente Orgullo Vallekano aceptó participar en un desfile católico-municipal. De modo que colectivos LGTBI, católicos y partidos políticos se enzarzan en una polémica, pero todos ellos desde la asunción de que una celebración de “Reyes Magos” es un acto que corresponde a los poderes públicos.

“¿Por qué el ayuntamiento no lleva gays al Ramadán?”

Algunas protestas procedentes de sectores tradicionalistas, además de a los insultos (e incluso amenazas), han recurrido al típico victimismo basado en un supuesto agravio comparativo, al preguntar por qué el ayuntamiento no incluye personajes LGTBI en las festividades musulmanas. Olvidan un aspecto esencial: es cierto que algunos políticos asisten ocasionalmente a celebraciones de musulmanes y otras confesiones (algo discutible teniendo en cuenta la aconfesionalidad del Estado), pero hay una diferencia importante: cuando estas religiones celebran sus fiestas lo hacen a título particular, y no como parte de una festividad estatal o municipal, algo que sí hacen los católicos con la mayoría de las suyas.

El argumento al que se recurre para defender que las festividades católicas sean organizadas por los poderes públicos es que esas celebraciones son tradicionales y que con ellas se identifica la mayoría de la población. Pero el principio de laicidad no atiende a mayorías, sino a la neutralidad del Estado ante los hechos religiosos, y el trato igualitario hacia todos ellos. Además, a medida que en España siga aumentando el número de creyentes de otras confesiones, la demanda social para que sus celebraciones tengan carácter estatal será cada vez mayor. ¿Deberán los poderes públicos organizar esas otras festividades? No, desde luego. Por tanto, tampoco las tradicionales.

Por otro lado, el que algo sea considerado tradición solo es cuestión de tiempo: llegará un momento en el que Halloween será una tradición tan española como la instalación de belenes (por cierto, esta también una costumbre de origen extranjero: ver Fiestas por decreto).

La solución: separación entre religiones y poderes públicos

Estos problemas se solucionarían si de una vez por todas el Estado se desvinculara de las celebraciones religiosas e ideológicas y se limitara a extender las autorizaciones correspondientes y a salvaguardar los derechos de los no celebrantes (al descanso, al uso del espacio público…). Las múltiples organizaciones de la sociedad civil (confesiones religiosas, grupos LGTBI, partidos políticos, sindicatos, cofradías, asociaciones, comparsas, peñas…) podrían organizar en la calle, cada una según sus criterios y valores, los actos que consideraran oportunos: fiestas religiosas, orgullos diversos, visitas de papas, manifestaciones, carnavales, tomatinas, procesiones de “santos” y de “espaguetis voladores”, fallas… Cada colectivo buscaría su financiación y apoyos, y celebraría la fiesta a su manera. Y los representantes políticos podrían acudir, pero solo a título individual según sus convicciones o preferencias, y no en representación de toda la ciudadanía, que es diversa y plural.

Como señalaba Antonio Muñoz Molina en su ensayo Todo lo que era sólido, si algo caracteriza la idiosincrasia española es el “totalitarismo de la fiesta”. Todo el mundo asume la fiesta ya no como un derecho, sino casi como un deber. Para colmo, la mayor parte de las festividades corresponde a conmemoraciones patronales de una entidad específica, la ICR. Si España fuera un país con conceptos claros sobre qué pertenece a cada esfera, se avanzaría hacia la desvinculación de los poderes públicos con respecto a las fiestas. Se legislaría garantizando que los creyentes de diferentes religiones pudieran descansar o celebrar de forma particular los días que su conciencia les indique, pero los días festivos y las vacaciones deberían estar distribuidos a lo largo del año en función de las necesidades de descanso, y no de calendarios litúrgicos o de preferencias ideológicas.

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Fuente: Libertad de conciencia