Los obispos españoles echan balones fuera, y no toman medidas firmes que no admiten dilación, para defenderse de los reiterados casos de pederastia que les afectan

Tras los reiterados casos de pederastia cometidos por sacerdotes y religiosos y hechos públicos en los medios de comunicación por las víctimas, las denuncias ante la justicia y el silencio y la inacción de la jerarquía eclesiástica en España durante más de medio siglo, los obispos españoles se han defendido echando balones fuera y responsabilizando a otros sectores ajenos al caso.  “Se está desarrollando una campaña contra la Iglesia católica”, afirmaba en el año 2010 el cardenal Antonio Cañizares en referencia a la información sobre los mismos casos. Y no era una opinión aislada. Así pensaban no pocos obispos.    

Todavía hace unas semanas en una entrevista concedida al diario ‘El País’ el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y presidente de la cadena Cope, Fernando Giménez Barriocanal,  llegaba a minusvalorar el problema al considerar “irrelevante” –que repitió cuatro veces seguidas- el porcentaje de casos en la Iglesia católica. Más recientemente José María Gil Tamayo, entonces secretario general de la CEE, ha reconocido  el “silencio cómplice” de la Iglesia ante la pederastia, para, a renglón seguido, cargar contra la sociedad, los medios de comunicación y el Estado.

La cultura común del silencio episcopal

En sus declaraciones hace cómplice y corresponsable de la inacción ante tamaños crímenes a la sociedad por compartir la cultura común del silencio episcopal. ¿Qué información pudiera tener la sociedad de unos hechos que mantenía en el más absoluto secreto la jerarquía eclesiástica?

En vez de reconocer el excelente trabajo profesional de los medios de comunicación al levantar la alfombra e informar sobre los casos de pederastia –cosa que no han hecho los medios de comunicación eclesiásticos-, los acusa de llevar a cabo una campaña intencionada para criminalizar y desacreditar a la Iglesia. ¿Desacreditar a la Iglesia? ¿No le parece que bastante descreditada está ya no la Iglesia como comunidad de creyentes. sino el cuerpo episcopal, con su permisividad -reconocida por los mismos jerarcas eclesiásticos- ante pecados tan graves desde el punto de vista religioso y ante delitos de lesa humanidad?

No contento con responsabilizar a la sociedad y a los medios de comunicación, Gil Tamayo ha extendido la responsabilidad de la pederastia al Estado, a quien acusa de imponer a los abusadores sexuales penas más leves que las de la Iglesia y dejar a las víctimas sin posibilidad de defensa. ¿Cómo puede hacer esta afirmación, cuando ha sido la jerarquía eclesiástica, con su ocultamiento, la que se ha negado a colaborar con la justicia durante décadas?

En el discurso de inauguración de la reciente asamblea de la CEE celebrada del 19 al 23 de noviembre el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, ha reconocido los abusos sexuales, pedido perdón por ellos y prometido no encubrirlos ni darles respuestas equivocadas de ahora en adelante, sino erradicarlos. Pero, a renglón seguido, ha añadido: “No es legítimo abrigar sospechas sin fundamento”. ¿Sospechas sin fundamento tras miles y miles de casos en todo el mundo y cientos de ellos en España que cada día van saliendo a la luz?

El nuncio del Papa en España, Enzo Fratini, ha vuelto a pedir perdón en una ceremonia religiosa penitencial. Tales manifestaciones eran muy esperadas tras tantos años de silencio. Pero para evitar que se queden en declaraciones vagas o promesas inconcretas, se requiere tomar medidas firmes ante el problema.

Desproporción entre las penas

He aquí algunas que no admiten dilación: crear una comisión independiente de la verdad que investigue los casos de abusos sexuales con perspectiva histórica con participación de las víctimas; apertura de los archivos diocesanos y de la CEE a dicha comisión; denuncia ante la justicia; imprescriptibilidad de los delitos de esta índole; justa reparación de las víctimas; aplicación a los sacerdotes y religiosos culpables de las penas canónicas.

Sorprende a este respecto la desproporción entre las penas impuestas por el Código de Derecho Canónico a los pederastas y las aplicadas a las mujeres que interrumpen el embarazo. La máxima sanción para aquellos es la expulsión del estado clerical (Código de Derecho Canónico, n. 1395.2); la que se aplica las mujeres que abortan es la excomunión ‘latae sententiae’, cuando los abusos sexuales constituyen un gravísimo delito y el derecho al aborto está reconocido en la legislación de numerosos países.

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Fuente: El Periódico