Las intervenciones armadas para proteger a la población civil en guerras o catástrofes suscitan dudas sobre su legitimidad
Las guerras entre militares profesionales prácticamente han dejado de existir. Los combates ya no se libran solo en el campo de batalla, también en las casas, las escuelas o los campos de labranza. Conflictos asimétricos, entre un ejército regular y un grupo insurgente o terrorista; contiendas entre milicias armadas por líderes tribales o señores de la guerra multiplican hasta el infinito el número de víctimas civiles, en una proporción sangrante: frente al 5% de población civil muerta en la Gran Guerra, las víctimas civiles en cualquier conflicto se sitúan hoy en torno al 80% del total de bajas. Solo en el de Irak hubo 60.000 víctimas civiles, es decir, 31 iraquíes muertos al día, según los papeles de Irak filtrados por Wikileaks. Impedir que esa y otras sangrías mayores, como el genocidio, se repitan es uno de los propósitos de las denominadas intervenciones -a veces llamadas guerras- humanitarias.

Desde 1957, año en que se firmó el Tratado de Roma, hasta 2009, año en que entró en vigor el Tratado de Lisboa, la llamada construcción europea no ha parado hasta convertir Europa en lo que es hoy: un consorcio de Estados neocapitalistas cuyas leyes –incluidas las de Presupuestos del Estado– y decisiones ejecutivas se encuentran supeditadas a los dictados de un Consejo Europeo que, a su vez, está en manos de la oligarquía financiera internacional.