Tras la muerte de Gadafi en 2011, en 2014 empieza en Libia una segunda guerra civil que todavía sigue teniendo lugar. Esta guerra deja al país en manos de grupos paramilitares, mafias y un gobierno provisional organizado por Naciones Unidas que no cuenta con apoyos dentro del del país, pero sí con el respaldo internacional, el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA). El pasado 4 de abril empezó un asedio brutal por parte del Ejercito Nacional Libio (LNA) al gobierno de la ONU, situado en Trípoli. En aquel momento se encontraba en la ciudad el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Él obviamente ya no está en la ciudad pero deja tras de sí a cientos de miles de refugiados y más de medio millón de niños que se ven amenazados por unos combates que cada vez son más violentos.

Esta situación no es nueva. Libia lleva años siendo un estado fallido. Pese a ello, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales han trabajado plácidamente con un gobierno que no gobernaba, al que han mandado cantidades ingentes de dinero público para que les ayudara a contener los flujos de migrantes. Al principio se trataba de una externalización clásica sin demasiadas pretensiones. Pero a partir de la firma del tratado de Malta en diciembre de 2016, se incrementaron los fondos y las responsabilidades que se le exigían al gobierno libio. Ya en aquella ocasión el Gobierno alemán advirtió de la precariedad de ese tipo de medidas que se dejaban en manos de un estado fallido que estaba permitiendo vejaciones y asesinatos de migrantes en los campos que financian los organismos internacionales. Pero la presión de Italia hizo su efecto y los acuerdos para incrementar los efectivos de control libios en el mar se firmaron.

Desde ese momento hasta ahora, las medidas tomadas por el Gobierno libio han ido a peor, cruzando claramente cualquier línea roja que pueda existir dentro de los compromisos que firmáramos en nuestra Carta Internacional de Derechos Humanos. El gobierno trabaja con los grupos paramilitares y las mafias para cumplir con las exigencias Europeas que son llevadas al extremo por Italia. Como consecuencia directa de este recrudecimiento de las acciones contra migrantes y refugiados en Libia, los flujos migratorios se desviaron y empezaron a usar otras rutas, como la de Argelia y Marruecos. Y así nos encontramos en 2018: con un enorme incremento de llegadas de migrantes a Europa por la ruta del Estrecho.

Hace pocas semanas Médicos Sin Fronteras advertía de las condiciones inhumanas existentes en los campos de refugiados  y migrantes de Trípoli. La noticia no tuvo mucho seguimiento. Con el estallido de la guerra, la ONU y la Unión Europea advierten que hay que evacuar Trípoli porque la vida de cientos de miles de personas está en peligro. En ambos casos cabe preguntarse cómo es posible que la Unión Europea haya permitido una situación que deja a cientos de miles de personas metidas en una ratonera inmunda como esta. Y curiosamente el tiempo pone todo en su sitio y el más asustado ahora es el Gobierno italiano que ve peligrar sus fronteras con la posible caída de gobierno internacional de Trípoli. Sin el gobierno de la ONU, se acabó la mediación con los grupos armados y las mafias que impiden el paso a los migrantes y es de esperar que, libres, estos últimos intenten llegar a las costas europeas por el Mediterráneo.

Las organizaciones de salvamento marítimo independientes situadas en la zona están horrorizadas. Desde Open Arms, que está operando con un avión de apoyo a salvamento en mar, narraban a este diario como el pasado 12 de abril diferentes autoridades de salvamento se lavaban las manos y dejaban a su merced durante más de 12 horas a una embarcación de madera con 20 personas a bordo a punto de naufragar. Ni el centro de salvamento de Roma, ni los pesqueros y mercantes que estaban cerca, ni las autoridades de Malta, nadie quiso ayudar a los náufragos argumentando que era responsabilidad de las autoridades libias. Los flujos migratorios volverán a la ruta del Mediterráneo italiano, pero lo harán en las peores condiciones de la historia.

Lo que está sucediendo y lo que queda por venir era de esperar. Desde porCausa y desde este espacio llevamos años advirtiendo del cortoplacismo de las políticas migratorias que se están desarrollando. Es un terrible error la inversión ingente de dinero público en gobiernos fallidos, autoritarios o semiautoritarios para hacer algo imposible como es parar la migración -sí, hay que empezar por ahí: la migración es natural, inherente al ser humano y no se puede parar-. Ahora, varios miles de millones de euros más tarde, flujos de personas retenidas y maltratadas durante meses o inclusos años acabarán por llegar a nuestras cotas, y los países receptores no estarán preparados para recibirlas porque no hay ningún plan diseñado para ello.

La parte buena es que quizás todo lo que está pasando haga que el gobierno de Sánchez se lo vuelva a pensar antes de soltar los millones que tiene preparados para Marruecos, Argelia, Senegal y Mauritania dentro de sus acuerdos secretos por razones de seguridad nacional, que buscan frenar los flujos de migrantes que llegan a España desde estos países. Las convulsiones de Libia coinciden además con la crisis de Argelia, el cambio de gobierno en Sudán y la situación cada vez más complicada de Marruecos presionado por los rifeños.

En pleno periodo electoral deberíamos estar preguntando a los partidos qué harán cuando toda la zona del norte de África se desestabilice del todo. Para eso primero que tendríamos es que contar con información de lo que está pasando. A la luz de las portadas de los medios nacionales, da la sensación de que no va a ser el caso. Eso sí, desde M de Migraciones seguiremos informando.

En la imagen superior, tanques a las afueras de Misrata, Libia. Foto: Joe Pyrek

Lucila Rodríguez-Alarcón es Directora de la Fundación porCausa. Ingeniera agrónoma y especialista en Comunicación Política y Gestión de Crisis

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Fuente: Público