La Audiencia Nacional española reconoció ayer la condición de refugiado político al activista saharaui Hassanna Aalia, cuya extradición reclama Marruecos, que aguarda al joven activista con una sentencia a cadena perpetua dictada en ausencia. La decisión del tribunal deja sin efecto además la orden de expulsión dictada por el Estado español, que sin embargo tiene un mes para recurrir la sentencia. Madrid tiene una oportunidad de oro para callar y enmendar así, parcialmente, el error de no otorgar desde el primer momento el estatus de refugiado a Aalia, condenado por un tribunal militar por haber participado en la protesta pacífica desarrollada en 2010 en torno al campamento de resistencia Gdeim Izik.

A la espera de confirmarse la buena noticia, el proceso seguido por el joven afincado en Euskal Herria, que ha necesitado cinco años para que un tribunal le reconozca cautelarmente como refugiado, deja en evidencia al Estado español por partida doble. En primer lugar, por su vergonzoso papel en el proceso de descolonización del Sahara, en el que ha pasado de potencia colonial a socio preferente de la nueva potencia ocupante, ignorando tanto sus deberes internacionales como los más básicos principios democráticos y humanitarios. Cuarenta años después de abandonar el Sahara, los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) y la sangrante represión en los territorios ocupados, denunciada ayer por el propio Aalia, son un recordatorio diario de los incumplimientos españoles.

En segundo lugar, los cinco años que ha tardado Aalia en conseguir el reconocimiento son también el crudo reflejo de la triste e insolidaria política de asilo aplicada por el Estado español, inmune al incremento de solicitudes de asilo que han convertido al Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo. Una cifra basta para ilustrarlo: según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de los 17.000 solicitantes de asilo que se comprometió a acoger hace un año, Madrid solo ha acogido a 552.

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Fuente: Gara