Derechos humanos, ¿también en el Sáhara? PDF Imprimir E-mail
Imperio - Sahara Occidental / Marruecos
Escrito por gara   
Jueves, 03 de Septiembre de 2015 00:00

Existen conflictos olvidados que generalmente solo atraen la atención del mundo cuando se produce algún suceso «espectacular», que suele ser reflejo de la situación habitual de quienes padecen esos conflictos. Uno de ellos es el que persiste en el Sáhara Occidental y ni siquiera las duras y vergonzantes condenas, a principios de 2013, a 24 activistas por su resistencia pacífica en el campamento de Gdeim Izik dos años antes, mereció una mención destacada para la mayoría de medios de comunicación. Mayor eco tuvo la huelga de hambre protagonizada por Aminatu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, que llevó a primera plana la lucha de un pueblo ocupado hace 40 años, pero con determinación de seguir existiendo.

 

Cinco años después de aquella protesta contra los gobiernos marroquí y español, la activista saharaui recuerda que la flagrante violación de derechos que entonces denunció y puso en conocimiento del mundo. Continúa, y habla sobre el momento que vive ese conflicto que se alarga exasperantemente a pesar del plan de paz acordado hace dos décadas y media con Marruecos y apoyado por la ONU y la Comunidad Internacional. Pero también se refiere a pequeños avances en algunos aspectos. Pequeños avances en cuanto a la visibilización de esa vulneración de derechos a manos de Marruecos, pero casi inexistentes en cuanto a la implicación de la mencionada Comunidad Internacional, cuya presión a Marruecos no debería hacerse esperar, en palabras de Aminatu Haidar.

Es evidente esa falta de implicación en la resolución del conflicto e incluso la complicidad con la estrategia marroquí de postergar sine die el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Pero Marruecos es un amigo de Occidente, y no precisamente por su respeto a los derechos humanos de los marroquíes y sobre todo de los saharauis, sino porque esa amistad, eso que denominan diplomacia, viene determinada por intereses económicos y geopolíticos que poco tienen que ver con los derechos humanos ni siquiera con la normativa internacional.

 

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Fuente: naiz.eus