La decisión del Tribunal Supremo, que deja al favorito de las elecciones a las puertas de prisión y prácticamente fuera de la carrera por la presidencia, es la última sacudida de unas élites volcadas a impedir que el PT repita gobierno.

En julio de 2017, un fallo judicial condenó a Lula a nueve años y medio de prisión, acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero. Según aquel tribunal, habría sido sobornado por la constructora Odebrecht, con el obsequio de un piso en la playa de Guarujá (São Paulo). Sin embargo, según demostró la defensa del expresidente, Lula nunca fue titular del inmueble, ni poseyó las llaves, y ni siquiera ha pasado una noche en él.

Oficia de “prueba” la declaración de Leo Pinheiro, expresidente de la empresa que, acogiéndose al beneficio de rebaja —por colaboración con la justicia— de su segura condena por corrupción activa, asegura que la firma regaló ese piso alex mandatario. A día de hoy el apartamento sigue figurando en el catastro a nombre de la constructora; incluso forma parte de un lote de propiedades embargadas a Odebrecht, como parte de otra causa, por otros delitos. Algunos meses después, y ya en segunda instancia, la condena fue ampliada a 12 años, por considerarse probada la acusación original, al habérsele acrecentado una serie de elementos considerados probatorios por el tribunal.

La defensa de Lula apeló al veredicto y solicitó el habeas corpus —que acaba de ser denegado— para que el expresidente pudiera continuar su campaña como candidato para las elecciones presidenciales de octubre próximo, en las que es claro favorito con casi el 40% de los votos. Además, vale aclarar que, aunque la defensa de Lula apelase a una tercera instancia —legalmente podría llegar hasta una cuarta— resultaría infructuoso para las expectativas electorales de Lula, dado que la legislación brasileña deniega el derecho a presentarse a cualquiera que haya sido condenado en segunda instancia. Es decir, estaría prácticamente bloqueada —por la vía judicial— la posibilidad de que el expresidente se presentase a las elecciones de octubre próximo.

El veredicto se produce en un contexto más que enturbiado por un tweet de ayer del general Eduardo Vilas Bolas, comandante en Jefe de las fuerzas armadas, que ha generado profunda inquietud. Ante la posibilidad de que el alto tribunal concediera el habeas corpus a Lula, el militar dijo que compartía “la voluntad de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia”. Resulta inevitable evocar a la dictadura militar de 1964 en dicha manifestación.

La exteriorización del uniformado ha merecido la reprobación del Partido de los Trabajadores y otros, de expresiones de la sociedad civil y del propio ministro Celso de Mello, el más antiguo magistrado del Superior Tribunal Federal (STF).

Un último dato a tener en cuenta: días atrás, la caravana de autobuses que forma parte de la campaña electoral de Lula fue atacada con disparos de armas de fuego —antes lo había sido de varias otras formas— en una acción definida por la policía como “intento de homicidio” sobre el expresidente.

Todo esto en un país que atraviesa su peor crisis institucional de los últimos 50 años. En un país que hace poco decretó la intervención militar del Estado de Río de Janeiro. Que, como desmentido a la supuesta pacificación que eso traería, días atrás llamó la atención internacional por la ejecución sumaria de Marielle Franco, diputada de izquierdas. Que su actual presidente tiene apenas un 7% de aprobación popular y su congreso un 70% de reprobación. Y un poder judicial también desacreditado.

A la vista del desarrollo de los hechos cabe preguntarse si el establishment brasileño pareciera haber tomado una decisión clara: Lula debe estar fuera de las elecciones presidenciales, sin importar el precio.

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Fuente: El Salto Diario