La supresión de barreras legales que negocian Estados Unidos y Europa a través del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, por sus siglas en inglés, Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) podría implicar una reducción a la baja de las condiciones laborales de los europeos. Acuerdos similares como el NAFTA, entre Estados Unidos, México y Canadá (North American Free Trade Agreement, Tratado de Libre Comercio de América del Norte) han traído un empeoramiento de las condiciones de vida del conjunto de la población.

En sus veinte años de vigencia, el NAFTA no sólo no ha propiciado el crecimiento económico prometido, sino que se destruyeron casi un millón de puestos de trabajo según el informe "NAFTA at 20", realizado por la organización no lucrativa Public Citizen, dedicada al estudio del comercio global. “Intentan ligar el crecimiento del comercio a la mejora del bienestar de la población. Una cosa y la otra no van unidas”, explica Carlos Sánchez Mato, concejal electo de Ahora Madrid y excoordinador de Attac Madrid. “El que existan más exportaciones no supone una mejora en las condiciones de vida de la gente”, continúa.

Los defensores del tratado aluden en sus argumentos a un supuesto crecimiento del empleo que, según el informe más optimista de la propia Comisión Europea, supondría para este país un crecimiento del 1% del PIB y 140.000 puestos de trabajo. Esta cifra no convence a quienes trabajan en la no aprobación del texto.

“Es el cuento de la lechera”, afirma Cuca Hernández, de Attac y la plataforma Stop TTIP. Según Hernández, “en 10 años esperan un crecimiento del 0,05% anual y hablan de 525 euros por familia de cuatro miembros”, indica citando un estudio del Centre for Economic Policy Research de Londres y añade que “no han especificado lo mucho que ganarían las multinacionales con cifras, porque no son capaces”.

Daniel Wennick trabaja en Bruselas para la Confederación de Empresas Suecas, la mayor confederación empresarial del país escandinavo. Para este grupo de presión “necesitamos todo el crecimiento que podamos lograr en este momento”, sin embargo, “no se sabe lo que va a pasar, depende de lo que las empresas europeas hagan”. Además, considera que no se trata de discernir si se crearán más o menos puestos de trabajo, lo importante es “si uno cree en el libre comercio o no”. Daniel afirma que hay negociaciones para “ver si es posible incluir en el trato los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero es algo que estamos negociando y no podemos saber el resultado”.

El TTIP y los derechos laborales en Europa

Si se aprobase el tratado, productos que han sido producidos en Estados Unidos, con normas laborales distintas a las europeas, se venderán en Europa sin trabas legislativas, lo que se traducirá en una presión a la baja en las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores europeos. Según José Luis Carretero, sindicalista y abogado laboralista, “hay que tener en cuenta que vamos a abrir nuestro comercio a un área económica que no ha ratificado la mayor parte de los Tratados de la OIT”, y es que en base a las cifras arrojadas en México tras la aprobación del NAFTA, la “apertura brutal a los flujos financieros ha producido un desplome en las condiciones de vida de la gente”.

La legislación en materia laboral norteamericana “tiene cosas que a los europeos pueden resultarnos tan impresionantes como que el permiso de maternidad sea sólo de doce semanas y, en la mayor parte de los estados, no está pagado”, explica Carretero, que añade que “suele haber cláusulas en los contratos en las que el trabajador se compromete a no demandar al empleador en caso de accidente de trabajo”. Sin embargo, reconoce que la rebaja en las condiciones de laborales es una tendencia que ha adquirido cierta popularidad en Europa.

En el año 2006 aparece en concepto de la “flexiseguridad”, a raíz de la publicación del ’Libro Verde para modernizar el derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI’. La flexiseguridad, detalla José Luis Carretero, “sería esa especie de gran maravilla que aunaría la flexibilidad para la empresa -la posibilidad de que te puedan cambiar las condiciones o despedir más fácilmente- junto a una mayor seguridad para el trabajador. No en el trabajo, sino para encontrar trabajo”. En esa línea se han desarrollado las últimas reformas laborales en Europa, favoreciendo “una competencia exacerbada y cada vez mayor entre los trabajadores de unos y otros lugares de Europa”. Los casos Laval, Viking o Ruffet son una muestra de esa profundización europea a favor de la flexibilidad en lo que a empresas se trata.

En concreto, se ha demostrado que es posible trabajar en el territorio de un país determinado con la regulación laboral de otro estado. Son los inversores quienes deciden dónde se construirán empresas y dónde, en principio, estará el trabajo, lo que supone una presión a la baja en las condiciones laborales de los trabajadores de la UE y “es un poco lo que pensamos que puede suceder con el TTIP. Van a venir empresas estadounidenses que van a intentar mantener las condiciones de trabajo estadounidenses y que, aunque no lo hagan, van a vender aquí con total facilidad productos que se han producido con esas condiciones estadounidenses”.

Es lo que se conoce como el “Modo 4 de contratación” e implica que un trabajador podrá ser contratado en un país cualquiera con unas determinadas condiciones laborales y ser llevado a otro país con las mismas condiciones, sin obtener el estatuto de emigrante. “Como quien lleva una pieza de la maquinaria. El trabajador va a pasar a ser simplemente parte de la empresa y va a depender de la buena voluntad del empleador para subsistir en el lugar de destino con condiciones dignas”, apunta Cuca Hernández; “nos ven como mercancía barata, porque además el paro está ayudando a eso”.

Efectos en los trabajadores públicos

Entre los principales intereses de las empresas europeas se encuentra el acceso al mercado público estadounidense, muy limitado a corporaciones extranjeras debido al Buy Amercan Act. Según Cuca Hernández, “poco a poco se irá privatizando todo y eso afecta a puestos de trabajo”, que entiende que en aras del beneficio de las empresas adjudicatarias se perderán puestos de trabajo, bajarán los salarios y aumentará la precariedad laboral. “Hay que tener en cuenta que las condiciones laborales de los trabajadores públicos son la medida de las condiciones laborales del resto de trabajadores”.

Volviendo al NAFTA como referencia, 1.254 empresas públicas se han privatizado en México desde 1994, algo que no ha supuesto una mejora de las cuentas públicas, ya que la deuda de México ha aumentado en un 20%. Carretero considera que esta pérdida de condiciones laborales nos llevará, en definitiva, a una pérdida de condiciones democráticas. Algo en lo que coincide con Cuca: “lo que pretenden es la desaparición de la democracia formal. No se van a plantear derechos humanos, no se va a plantear la defensa del interés general. Ciñéndose al derecho mercantil y al tratado van a sentenciar”. Para continuar explicando que en el marco legislativo los Estados “no podrán hacer discriminación positiva porque te van a demandar, no podrán aumentar el salario mínimo porque te demandan, y hay casos donde sólo la amenaza de una demanda ha echado para atrás una intención de legislación. Es una amenaza para los trabajadores y para el planeta”.

Cómo puede afectar el TTIP a tu puesto de trabajo

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Fuente: El Salmón Contracorriente