Desde que empezara a trascender información sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos, la organización representante del empresariado, la CEOE, no ha ocultado su firme apoyo. En una comunicación de principios de 2015 manifestaba su entusiasmo por el acuerdo, a la vez que pedía la “eliminación definitiva de obstáculos innecesarios para el comercio y la inversión”, resaltando el “enorme potencial” del acuerdo para mantener y fomentar sus actividades económicas.

La organización que representa a empresarios como Arturo Fernández -que mientras disfrutaba de una tarjeta black tenía problemas para pagar la Seguridad Social de sus trabajadores- o Florentino Pérez -que, entre otros escándalos, ha tenido que declarar por su relación con la trama Púnica-, no sólo verbaliza este apoyo sin fisuras al TTIP, sino que está teniendo un rol proactivo en la elaboración del Tratado.

El Gobierno español ha encargado al Instituto de Estudios Económicos (una fundación ligada directamente a la CEOE) la elaboración del informe en el que se medirá su impacto en nuestro Estado, y hemos sabido que, de las reuniones que mantienen Washington y la Comisión Europea con diferentes partes interesadas, el 92% ha sido con lobbies representantes de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. Como diría José María Aznar hace poco, en su nuevo papel como asesor de grandes empresas a través de la consultora KPMG: “El TTIP es la más importante iniciativa que tiene la Unión Europea sobre la mesa, por no decir la única”.

Hay un fuerte interés por parte de las grandes empresas en que el TTIP se apruebe lo más rápido posible y por eso manifiestan un apoyo sin condiciones a pesar de que los contenidos concretos aún no han trascendido, al menos al gran público. Y conociendo a los personajes antes mencionados, es normal sospechar que tanto secretismo no oculta la voluntad del empresariado de participar en la creación de empleos de calidad que permitan una mejora sustancial de la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores, sino más bien todo lo contrario.

La patronal ha demostrado con su apoyo a las medidas neoliberales más antisociales de la Troika que lo único que les mueve es la posibilidad de engordar sus cuentas corrientes, aunque sea a costa del empeoramiento de nuestras condiciones de vida. Sus intereses y los nuestros son contrapuestos y la pérdida de nuestros derechos laborales, los desahucios, las privatizaciones y la creciente pobreza en el Estado español, incluso entre las y los que tienen un empleo, son beneficiosos para ellos. La mano de obra barata y la precarización del empleo les permite seguir acumulando capital sin límite y cuantos menos derechos y servicios públicos garantice el Estado, más espacio quedará para sus negocios.

Cuando hablan de la eliminación de barreras, hablan de acabar con derechos y servicios públicos, de continuar y acrecentar la explotación del planeta y de las trabajadoras y trabajadores, porque es de allí de donde las élites económicas obtienen sus ingentes beneficios. Es urgente desmontar el mito de un empresariado benévolo que se esfuerza por nuestro bienestar. Ellos obtienen sus beneficios de la explotación. Y el TTIP supone la eliminación de todos los límites a esa explotación que democráticamente habíamos podido establecer. Pretenden que la legislación se flexibilice para amoldarse a sus intereses.

Uno de los grandes ejemplos del modelo de completa liberalización que le gusta a la CEOE fue el proyecto de instalación de Eurovegas en la Comunidad de Madrid. Para ello pretendían que todas las reglas laborales y de salud pública -normas relativas a la prevención de la ludopatía, o sobre el tabaco en los espacios públicos- se flexibilizaran y así una empresa extranjera pudiera instalar un macrocomplejo en nuestro territorio sin tener siquiera la garantía de que fuera a crear puestos de trabajo, pues pedían tener la posibilidad de traer a trabajadoras y trabajadores desde EEUU, continuando con la pobreza entre las de aquí y la explotación de las de allá.

Ese es sin duda el modelo que pretenden imponer a través del TTIP, y lo harán a través del Consejo de Cooperación Reguladora. Este Consejo será una institución transnacional, que no será electa ni será sometida a ningún tipo de control democrático y que, utilizando su vocabulario, se encargará de la armonización de las diferentes legislaciones para que éstas no se conviertan en ningún tipo de barrera a la hora de realizar comercio o inversiones. Es decir, se encargará de igualar a la baja para que las empresas puedan beneficiarse de las leyes que más les convengan.

De este modo podrían desaparecer, por ejemplo, la figura del Salario Mínimo Interprofesional o la inspección laboral, que en otros países europeos y EEUU no existen. O podría desaparecer la propia negociación colectiva. Cabe recordar que hay hasta setenta convenios de la Organización Internacional del Trabajo que consagran los derechos colectivos de trabajadoras y trabajadores que EEUU no ha ratificado.

El TTIP está pensado a futuro y no sólo por las cláusulas que impedirán que se desvele su contenido concreto hasta treinta años después de su aprobación, sino porque también prevé el blindaje de sus beneficios frente a la aprobación de leyes que pudieran defender otros intereses, los de la mayoría social. Por eso incluye la creación de unos tribunales de arbitraje, los ISDS, que se mantienen dentro del acuerdo a pesar de los intentos de la Comisión Europea por maquillar su existencia tras una encuesta que ellos mismos organizaron y que se saldó con un rechazo del 97% a este mecanismo.

Estos tribunales permiten a una empresa privada demandar a cualquier administración estatal, autonómica o local por aprobar medidas que puedan limitar, en cualquier modo, su capacidad de obtener beneficios. Los ISDS ya funcionan en los acuerdos que EEUU ha firmado con otros países y, por ejemplo, gracias a ellos una empresa estadounidense pudo demandar a Egipto después de que el país aprobara una subida del salario mínimo.

La multinacional vio sus beneficios reducidos al tener que subir el sueldo a sus trabajadoras y trabajadores y se vio legitimada a través del ISDS para litigar. Así es como las grandes empresas se blindarán frente a cualquier gobierno de izquierdas que surja en la UE y trate de legislar a favor del pueblo. Así es como protegen sus intereses frente a los de la mayoría.

Pero parece que los grandes empresarios que están detrás del tratado empiezan a tener miedo de que los pueblos de Europa que hasta ahora hemos estado bajo los dictados de instituciones financieras no democráticas empecemos procesos de cambio. Con el resultado de las elecciones municipales y el triunfo de las candidaturas de unidad popular en numerosas grandes ciudades del Estado como Zaragoza, Madrid, Barcelona o A Coruña, puede que su miedo a perder privilegios empiece a estar justificado.

La movilización en las calles que se ha venido produciendo es la principal fuerza para tumbar el TTIP. Urge que en este momento seamos capaces de aumentar la movilización y las campañas populares contra el Tratado para evitar que se apruebe un acuerdo que hará que retrocedamos décadas en nuestros derechos sociales y laborales y que nuestras condiciones de vida empeoren enormemente.

Pero también es necesario que las fuerzas que defendemos los intereses de la mayoría social y la soberanía de los pueblos seamos capaces de tomar el poder, y eso sólo podremos conseguirlo a través de la unidad. La unidad de las fuerzas que apuestan por revertir el neoliberalismo salvaje de la Unión Europea y conseguir poner los derechos de las personas por encima de los beneficios empresariales es el único camino.

Marina Albiol es Eurodiputada de Izquierda Unida y portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo

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Fuente: Público