Entre 1692 y 1693, más de 150 personas fueron encarceladas en la aldea de Salem, actual Massachusetts, acusadas de brujería. Nadie pudo probar nada, lo cual no impidió que 19 de los detenidos fueran ahorcados. Arthur Miller dio fama mundial al suceso con su obra Las brujas de Salem, donde establecía un paralelismo crítico con la campaña anticomunista de los años 50.

A principios de aquella década, el senador republicano McCarthy había empezado a sospechar que la industria cultural de su país estaba infectada de simpatizantes y espías comunistas. Del mismo modo que los vecinos de Salem veían brujas en las esquinas, él veía trazos comunistas en los textos de Broadway y, sobre todo, en ciertas películas del pérfido Hollywood.

Dejando de lado la presunción de inocencia y varios derechos constitucionales más, McCarthy redactó una lista negra engrosada principalmente por cineastas, guionistas y escritores (como el propio Arthur Miller). Se montó su propio juicio de Salem y fomentó una paranoia social que duraría seis años. Durante aquel periodo, muchos artistas y creadores perdieron su trabajo, ya que contratar a un nombre de la lista negra era interpretado como un guiño al comunismo.

Sesenta años después, las brujas amenazan con regresar.

En octubre de 2011, un congresista republicano llamado Lamar S. Smith presentaba ante la cámara de representantes un proyecto de ley llamado SOPA, Stop Online Piracy Act. Ahora la batalla ya no se libra en los escenarios ni en las pantallas de cine, sino en los ordenadores. Y el enemigo ya no es el demonio ni el comunismo, sino quien amenaza una de las más robustas industrias de Estados Unidos: la del copyright.

Si SOPA sale adelante, los propietarios de los derechos podrán secuestrar webs (de cualquier país), borrar su presencia en los buscadores y congelar sus ingresos publicitarios y sus fondos. Después de que eso ocurra, con la presunción de inocencia ya acribillada en la tarima, el titular de la web tendrá la oportunidad de comparecer ante el tribunal de Salem y contar su versión de los hechos. Un proceso idéntico al que las autoridades estadounidenses siguieron para silenciar Wikileaks.

Las listas negras, en Salem y también en los 50, no buscaban tanto castigar la falta como estigmatizarla, aislar a sus simpatizantes, señalarlos ante la comunidad poniendo de manifiesto que su actitud amenazaba el normal y recto modo de vida. Del mismo modo, la ley SOPA busca condenar al ostracismo al enemigo del sistema, hasta el punto de que quien enlace una página de la lista negra se convertiría en colaborador de la misma y, por tanto, estaría cometiendo un delito.

Si, desde Twitter o Facebook, enlazas a una página con contenido protegido, cometes un delito. Si gestionas un blog y un comentario enlaza una página con comentario protegido, cometes un delito. Y si tú cometes un delito, quien te enlace lo comete a su vez. ¿Resultado? Miedo y paranoia en la era de la interconexión global.

Pero la más grave consecuencia de la aplicación de SOPA es que aquellas redes que permiten la navegación anónima pasarían a estar vigiladas. Esto, además de aniquilar el derecho a la intimidad, inhabilitaría cualquier posible disidencia en los países donde Internet está bajo control gubernamental como, por ejemplo, (ponga aquí su dictadura predilecta).

Si la ley SOPA sale adelante, Internet, el medio, pasaría a estar vigilado y controlado por grandes corporaciones como Microsoft, Apple, Adobe, las discográficas y las majors de Hollywood. La internet abierta, libre y un tanto caótica que conocemos daría paso a una ciertamente mucho más estricta y ordenada.

Sin anonimato.

Sin brujas ni disidentes.

Solo miedo y paranoia.

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Fuente: Mi mesa cojea