Intervención de José Luis Pitarch, Presidente federal de Unidad Cívica por la República en la apertura de la XIII Jornada Republicana celebrada ayer, 22 de noviembre de 2014 en el Ateneo de Madrid

En una entrevista de Europa Press a Julio Anguita el 20 de noviembre de 2.010 (con motivo de su intervención en las IX Jornadas de UCR desarrolladas en la Facultad de Derecho de la Universitat de València bajo el rótulo general de "la República, una necesidad para resolver los problemas de hoy", decía el mismo que la República se ha entendido frecuentemente "como nostalgia de dos acontecimientos históricos pasados".

Como supondrán, se refería a la Primera República Española (el régimen que hubo en España desde su proclamación por las Cortes el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos al frente de la Brigada Dabán, en Sagunto, abrió el paso a la 2ª Restauración borbónica en España o monarquía de Alfonso XII) y a la Segunda República, el régimen plenamente democrático que existió en suelo español --tras las tres dictaduras y dictablandas sucesivas de Primo de Rivera, el general Berenguer y el almirante Aznar-- entre el 14 de abril de 1931, fecha de la nueva proclamación de la República y simultánea liquidación de Alfonso XIII y de la monarquía, y el 1 de abril de 1939, en que se produjo la victoria en comandita --con la ayuda política y militar de Mussolini y Hitler-- del general Franco, los militares sublevados traidores a sus juramentos, la Falange fascista y la retrógrada Iglesia Católica, infiel, como tantas veces, a su Evangelio.

No sobrará añadir que, legítima y jurídicamente, desde el 1-4-39 continuó existiendo, fuera de España, la Segunda República Española en el Exilio, es decir, las Instituciones republicanas que, en el exterior, siguieron representando al Estado legítimo y su Constitución de 1.931 tras la victoria fascista; representación que se mantendría hasta 1.977. La sede republicana en el exilio se ubicó, según distintos momentos, en México y en Francia; languideciendo progresivamente, sobre todo desde que USA tomó a Franco como obediente y sumiso socio menor durante la Presidencia de Dwight Eisenhower. El ególatra Franco -–que incluso añadió su alias al nombre de la ciudad de su nacimiento—- donó, a cambio del abrazo de "Ike", la práctica soberanía de varios pedazos de suelo hispano, incluida una importante base militar (posible objetivo de bombardeo nuclear en aquellos tiempos de "guerra fría") a pocos kilómetros de Madrid, en Torrejón de Ardoz. Finalmente, a continuación de las Elecciones españolas del 15 de junio de 1977, y tras 38 años de permanencia fuera de España, el último Presidente de la República en el exilio, José Maldonado, junto con Fernando Valera, último Presidente del Consejo de Ministros, emitieron en París la Declaración de la Presidencia y del Gobierno de la República Española en el Exilio de 21 de junio de 1977.

En tal Declaración, dichos líderes de la República exiliada reafirmaron la legalidad institucional emanada de la Constitución de 1931 y su negativa a participar en las Elecciones de dicho 15 de junio. Manifestando que "las Instituciones de la República en el exilio ponen así término a la misión histórica que se habían impuesto. Y quienes las han mantenido hasta hoy se sienten satisfechos porque tienen la convicción de haber cumplido con su deber". De esta forma, el Gobierno Republicano en el Exilio se disolvió oficialmente junto con todas sus instituciones, sin reconocer expresamente a la monarquía instaurada año y medio antes, pero aceptando la validez de dichas Elecciones de 15 de junio del 77.

Tal aceptación de las Elecciones de 15-6-77 venía a ser como una pirueta o contrasentido, toda vez que en ese momento regían plena y autoritariamente en España la "legalidad" e instituciones antidemocráticas franquistas, incluido un Rey cuya legitimidad era simplemente la del dedazo de Franco (sin que ni siquiera le correspondiese la corona con arreglo a las leyes o normas de su dinastía). En la primavera de 1.977, en suma, mandaba en España la "Ley para la Reforma Política" aprobada el 18 de noviembre de 1.976 por las Cortes antidemocráticas franquistas, y precedida del plácet a dicha Ley por parte del fascista Consejo Nacional del Movimiento. Ley que tenía el máximo rango legislativo de la dictadura franquista, el de "Ley Fundamental".

En cuanto a las credenciales democráticas previas de dicho Rey, sólo un botón de muestra, el de 23 de julio de 1.969 en La Zarzuela, aceptando la sucesión de Franco y del francofascismo: "Prometo firmemente velar por los Principios de nuestro Movimiento Nacional". Juramento que repitió ante las Cortes, añadiendo: "Recibo del Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1.936".

II
En su citada intervención en Valencia durante las IX Jornadas de UCR (las que un servidor tuvo el honor de organizar), se refirió también Anguita a "la República del siglo XXI" como "necesidad para resolver los problemas de hoy". Destacando entre los contenidos de esta República del hoy "los de igualdad y libertad, eliminación de las diferencias sociales, e intervención del Estado en la economía" para "favorecer a los más débiles". Respecto a la "cuestión" (sic) de la Monarquía, Anguita señaló que "es el último problema a resolver". Lo primero es "construir ideas y propuestas que hagan posible la República".
Citaremos aún, como pequeña aportación a la presente y breve ojeada histórica, algo que suele ser poco conocido, y que también citó Anguita a preguntas de los medios de comunicación. Nos referimos al solemne pronunciamiento realizado por las Cortes de la II República "declarando fuera de la ley" a Alfonso XIII. Respecto de lo cual, permítaseme añadir que lo producido por las Cortes Republicanas de 1.931 parece que continúa teniendo el más pleno valor jurídico. Nos referimos, valga repetir, a la Ley de 26 de noviembre de 1931, en la que dichas Cortes acusaron de alta traición a Alfonso XIII, con el siguiente texto:

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Constituyentes, en funciones de Soberanía Nacional, han aprobado el acta acusatoria contra don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, dictando lo siguiente:

«Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional.

Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que se pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.

De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio nacional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá del uso conveniente que deba darles.

Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los ayuntamientos de España, y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones».

En ejecución de esta sentencia, el Gobierno dictará las órdenes conducentes a su más exacto cumplimiento, al que coadyuvarán todos los ciudadanos, tribunales y autoridades.

José Luis Pitarch, Presidente federal de Unidad Cívica por la República en su intervención en la XIII Jornada Republicana celebrada el 22 de noviembre de 2014 en el Ateneo de Madrid