El Estado impuso un Estatuto sin el consentimiento de los ciudadanos y éstos reclaman la palabra que les fue quitada. La integración catalana en España solo admite una respuesta política, que después tendrá que articularse jurídicamente.

España tiene varios problemas de naturaleza constitucional a los que tiene que hacer frente, pero de entre todos ellos el más importante y el más urgente se llama Cataluña. Es el único para el que no tenemos ninguna respuesta jurídicamente ordenada. Pues la integración de Cataluña en el Estado no se puede afrontar en este momento ni siquiera mediante la reforma de la Constitución.

Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 y desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1980 la integración de Cataluña en el Estado ha resultado aceptable tanto para la sociedad catalana como para la sociedad española hasta los primeros años del siglo XXI. Los resultados de todos los estudios de opinión son inequívocos. Desde los años finales del segundo Gobierno de José María Aznar, sin embargo, empieza a hacerse muy visible la insatisfacción de una parte muy significativamente mayoritaria de la sociedad catalana con la fórmula de su integración en España. Dicha insatisfacción se expresará con claridad desde la constitución del primer gobierno tripartito de izquierda tras los mandatos de Jordi Pujol y tras las elecciones generales de 2004, en las que José Luís Rodríguez Zapatero se convertirá en presidente del Gobierno. A partir de ese momento se pondrá en marcha el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía, a fin de encontrar a través de dicha reforma un mejor encaje de Cataluña en España.

La reforma estatutaria, respetando escrupulosamente tanto lo previsto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución, culminaría en 2006, con la ratificación en referéndum del nuevo Estatuto. En los años inmediatamente posteriores no se planteó ningún problema digno de mención en las relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma de Cataluña, a pesar de que la crisis económica estallaría a partir de 2008 con la intensidad que lo hizo, dificultando de manera conocida la acción de gobierno en todos los niveles de ejercicio del poder. A pesar de la crisis, la conflictividad entre Cataluña y el Estado formalizada ante el Tribunal Constitucional se redujo de manera muy significativa.

La situación cambiaría dramáticamente en julio de 2010 tras la STC 31/2010 mediante la cual el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma estatutaria. Inmediatamente después de conocida la Sentencia se produjo una masiva manifestación de rechazo de la misma y se inició en el nacionalismo catalán un proceso de transición sumamente rápido de la Autonomía a la Independencia. Si iría haciendo visible en todas las consultas electorales, municipales, autonómica y estatales celebradas desde entonces.

Mientras José Luís Rodríguez Zapatero se mantuvo como presidente del Gobierno la transición de la Autonomía a la Independencia estuvo, por decirlo de alguna manera controlada bajo una hegemonía muy pronunciada de CiU, pero a partir de 2011, con el desmoronamiento del PSOE-PSC y el triunfo abrumador del PP, primero en las elecciones municipales y autonómicas de mayo y después en las generales de noviembre, la Independencia pasaría a ser el único punto de referencia para todo el nacionalismo catalán, por más dividido que estuviera dicho independentismo en muchos otros terrenos, en todos los demás terrenos, se podría decir. Dicha unidad se ha venido expresando en la celebración de las Diadas desde entonces y, lo que es más importante, en la reclamación de la convocatoria de un referéndum, a fin de que la sociedad catalana pueda decidir acerca de su integración o no en el Estado español. Reclamación que no es solo una exigencia del nacionalismo independentista, sino que ha sido hecha suya por un amplio sector de la sociedad catalana no independentista. El porcentaje de los partidarios de la celebración de un referéndum, se entiende que de un referéndum legal, pactado con el Estado, similar al celebrado en Escocia, es muy superior a la suma del voto independentista.

Esto es sumamente importante. El Referéndum no es una exigencia exclusiva del nacionalismo independentista, sino de la inmensa mayoría de la sociedad catalana. Es un elemento insoslayable de cualquier discurso susceptible de ser dirigido a la sociedad catalana. Sin Referéndum no hay discurso político en Cataluña. O si lo hay, queda inmediatamente deslegitimado como discurso subordinado al Gobierno del Estado y reducido, en consecuencia, a una dimensión testimonial.

De aquí deriva la dificultad para hacer frente al problema. El Referéndum es la "línea roja" del nacionalismo independentista catalán. Cuenta con la complicidad de muchos no independentistas. Simultáneamente el Referéndum, la no celebración del mismo, es la "línea roja" de tres de los cuatro partidos de ámbito estatal, PP, PSOE y Ciudadanos. Para Podemos no es línea roja, aunque es partidario inequívoco de su convocatoria.

Este es un conflicto jurídicamente insoluble. El argumento de que la Constitución no permite que se plantee siquiera la posibilidad de que se pueda contemplar la ruptura de la unidad política del Estado es muy fuerte. Pero el argumento de que un pacto de integración de Cataluña en el Estado aprobado por el Parlament y las Cortes Generales y ratificado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña, no puede ser modificado o derogado sino de la misma forma en que se aprobó, también lo es. El ejercicio del derecho a la autonomía en la Constitución de 1978 descansa en que los ciudadanos de la nacionalidad afectada tienen la "última palabra" para aceptar o no el pacto de integración de dicha nacionalidad en el Estado. Únicamente con un referéndum final se puede decidir la forma de integración de una "nacionalidad", en este caso, de Cataluña en el Estado. Esto forma parte del "núcleo esencial" de la Constitución Territorial de 1978. Los ciudadanos de Cataluña tuvieron la última palabra en 2006. La STC 31/2010 se la quitó.

La única respuesta aceptable en términos jurídicos hubiera sido la de someter a referéndum el Estatuto tal como había quedado tras la Sentencia del Tribunal Constitucional, de tal manera que los ciudadanos de Cataluña decidieran si aceptaban o no esa fórmula de integración en el Estado. El Tribunal Constitucional es un órgano del Estado y el Estado no puede imponerle a una nacionalidad un Estatuto sin el consentimiento expreso de su población en referéndum.

Tal respuesta jurídica resultaba políticamente imposible y por eso ni siquiera se exploró la posibilidad de la misma.

Pero el problema permanece. El Estado le ha impuesto a Cataluña un Estatuto sin el consentimiento de los ciudadanos. Se podría decir, que con el rechazo expreso de los ciudadanos. Los ciudadanos reclaman la palabra que les fue quitada.

Pero ahora ya no la reclaman en los mismos términos. Ahora no la reclaman como la última palabra, sino como la primera; no como punto de llegada, sino como punto de partida. No Referéndum para aprobar la fórmula de integración en el Estado, sino Referéndum para decidir si se quiera formar parte del Estado o no. Este es el gran cambio. La fórmula de 1978, Constitución más Estatuto de Autonomía, ya no resulta aceptable en Cataluña. Es necesaria una respuesta nueva.

Esto es lo que hace que el problema sea jurídicamente inmanejable, es decir, que no se pueda resolver mediante la reforma de la Constitución. Esta es la deriva que ha tomado el problema. Se debería haber hecho lo posible y lo imposible para que no fuera así, pero así ha sido. En el día de hoy la integración de Cataluña en España solo admite una respuesta política, que después tendrá que articularse jurídicamente. La respuesta política jurídicamente ordenada de la Constitución de 1978 ha sido aceptable hasta 2010. Ha dejado de serlo desde entonces. Hace falta una nueva respuesta política. Una respuesta constituyente.

Javier Pérez Royo es Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.

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Fuente: CTXT