Los vivos tienen la tierra en usufructo; y los muertos no tienen poder ni derechos sobre ella. La porción que ocupa un individuo deja de ser suya cuando él mismo ya no es, y revierte a la sociedad (…). Ninguna sociedad puede hacer una constitución perpetua, ni tan siquiera una ley perpetua. La tierra pertenece siempre a la generación viviente: pueden, por tanto, administrarla, y administrar sus frutos, como les plazca, durante su usufructo. Thomas Jefferson

El 6 de diciembre se vuelve a cumplir el ritual. El aniversario y celebración de la Carta Magna. El advenimiento de una Segunda Restauración concebida y parida por unos “padres” venidos de las raíces del franquismo, sectores progresistas y la directa oposición a la dictadura. Padres -todos ellos hombres, por supuesto- que fraguaron un pacto entre élites que, paradójicamente, fue posible gracias a que miles de personas desde el final de la guerra civil hasta después de la muerte del dictador se enfrentaron al terror de Estado, exponiendo sus vidas en defensa de los valores democráticos y sufriendo torturas, esclavitud, prisión, violaciones y la propia muerte. Recuérdese que más de 130.000 personas se encuentran aún en paradero desconocido, haciendo de España el segundo país en número de desapariciones forzadas en el mundo (después de Camboya). Un delito considerado un crimen contra la humanidad por ese Derecho Internacional que en este tema, como en otros, sigue sin ser de aplicación en nuestro país.

Todas las constituciones son hijas de su tiempo. En nuestro caso, la Constitución de 1978 es la foto fija de cómo la oligarquía volvió a imponer sus reglas del juego a las masas populares que, a pesar de haber producido la erosión de la dictadura, no pudieron participar de la consolidación de las conquistas democráticas. Tras la muerte de Franco, diferentes leyes pusieron los cimientos a un régimen que nacía sin dejar lugar a la improvisación, garantizando la impunidad de los crímenes franquistas y silenciando el mérito de la lucha antifranquista. En el relato sobre la Transición que se transmitió de forma hegemónica a la sociedad española, se omitió esa oposición -con respuesta violenta desde los propios resortes del Estado- en las calles y centros de trabajo, sin la cual nada de lo que de social tiene nuestro actual sistema constitucional hubiera sido posible. Incluso, no dudó en utilizarse una demanda del movimiento obrero durante la Transición, como fue la amnistía para vaciar las cárceles de los presos políticos que todavía quedaban en ellas, como herramienta para garantizar la impunidad y ocultarla bajo el manto de tratarse de una reivindicación antifranquista.

En ese contexto, la Constitución de 1978 omite cualquier referencia a la que fue el producto de la primera experiencia democrática plena en España: la Constitución republicana de 1931. Es una renuncia consciente, debido a que la Transición se sustentó en un ejercicio de equidistancia entre la Segunda República y el franquismo, entre democracia y dictadura. De ahí que, bajo el marco ideológico y normativo de este texto constitucional, nunca se permitirá la reparación integral a las víctimas de la dictadura franquista. Este principio de emergencia democrática nos insta a crear un marco que nos configure como una sociedad distinta a la de los años setenta del siglo pasado.

Además, conviene recordar que en el diseño de la Constitución de 1978 se plantearon una serie de “líneas rojas”, las cuales condicionaron todo su proceso de creación y aprobación. Por ejemplo: la Jefatura del Estado, literalmente depositada en la dinastía de los Borbones por el propio dictador; las concesiones a la Iglesia Católica renunciando a la laicidad y definiendo el Estado como aconfesional; la imposibilidad de debatir el modelo territorial del Estado y el encaje de la plurinacionalidad; la garantía de una economía de mercado y, en consonancia, la ubicación de los derechos sociales como principios rectores de la política social y económica, pero no como derechos de primer nivel, es decir, exigibles ante los tribunales. De ahí que, cuando se produce un desahucio, las víctimas no puedan impedirlo mediante la directa y única invocación del art. 47 de la Constitución, el que reconoce el derecho a la vivienda digna y adecuada. ¿De verdad queremos una Constitución que no sirva para parar un desahucio?

Asimismo, la nuestra es una Constitución que rechaza los mecanismos de participación democrática directa, configurando a los partidos políticos como las únicas vías de participar en política. De ahí que no exista la figura del revocatorio, el referéndum sea meramente consultivo y la iniciativa legislativa popular puramente anecdótica. Es un modelo involucionista -sobre todo, si se compara con el texto republicano de 1931- que nos retrotrae al “turnismo” de Cánovas; turnismo que en el modelo de 1978 adopta la forma de bipartidismo. Fiar todo a los estrechos canales de la democracia a los partidos es hoy claramente insuficiente. Es ésta una de las causas principales de la afortunada irrupción de fenómenos sociales como el del 15M, exigiendo la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones que afecten a lo público.

Por si con todo lo anterior fuera poco, la crisis económica ha revelado la incapacidad del texto constitucional vigente para garantizar los derechos, principios y valores que formalmente proclama. Incluso, tal como la reforma exprés del art. 135 en el verano de 2011 puso de manifiesto, ni siquiera es capaz de garantizarse a sí misma, es decir, su propio articulado. En suma, el tiempo ha cambiado y necesitamos un marco constitucional que responda a la nueva realidad política, ciudadana y social de España.

Desde Izquierda Unida impugnamos estas “líneas rojas” que lastran el texto de 1978, impidiendo el desarrollo de una sociedad basada en los derechos humanos, la democracia radical y la igualdad material entre las personas. Además, insistimos en mostrar a la opinión pública que los elementos a través de los cuales alcanzar en toda su plenitud estos objetivos no pueden ser introducidos a través de reformas puntuales del texto actual.

Todo quedó tan “atado y bien atado” que el procedimiento ordinario de reforma del texto, establecido en su art. 167, impide la modificación sustancial de las líneas definitorias del marco constitucional (de las “líneas rojas”). De ahí que sea necesario un proceso constituyente que convoque y explicite un momento de ruptura democrática. Un proceso para la creación de una nueva Constitución. Para ello podría utilizarse la vía que ofrece el actual art. 168 para la revisión total o la de las partes sustanciales del texto. En tal caso se exige la disolución del Parlamento, la celebración de elecciones para la configuración de nuevas Cortes, la aprobación del nuevo texto por ellas y la ratificación final mediante referéndum ciudadano. Esas nuevas Cortes serían de hecho Cortes constituyentes, con lo que se convertirían en el instrumento legítimo para diseñar el proceso de elaboración de una nueva Constitución.

En Izquierda Unida no somos equidistantes. Tomamos partido. Tenemos la responsabilidad de estar a la altura de este momento histórico. Nuestra clase social aspira a ser protagonista de su historia y no una mera espectadora de eternos consensos entre oligarquías que siguen amparando el “turnismo” como mecanismo de control del statu quo. Queremos una Constitución que defienda y represente las necesidades de esta nueva sociedad en la que vivimos, que en nada tiene que ver con la de finales de los años 70.

Nuestra propuesta de nueva Constitución es una propuesta radical, en el sentido etimológico del término. Vamos a la raíz de las cosas para buscar soluciones a los problemas de nuestras vidas. A esto se le llama hacer política y lo que no vamos a dejar es que unos pocos nos la sigan haciendo.

Es por estas razones que no formaremos parte del ritual que cada año celebra la Constitución del 78 como si de una reliquia se tratara, ya que la mejor forma de celebrar la democracia es ejerciéndola. Nos decía Marcelino Camacho que los derechos se conquistan poniéndolos en práctica. Por eso el mejor homenaje consciente y responsable es exigir una Constitución que sirva de instrumento a la sociedad que la engendra y dejar de adorar una reliquia de otro tiempo que no nos representa.

Porque queremos ser protagonistas de nuestra historia, queremos una Constitución hija de nuestro tiempo.

Alberto Garzón es coordinador federal de IU; Esther López Barceló es responsable de Memoria Democrática y Proceso Constituyente de IU; Rafael Escudero es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.