Pocas veces, por no decir ninguna, un desahucio ha recibido tanta atención y cobertura por parte de todos los medios de comunicación (prensa, radio, televisión), nacionales. Y es que el que afecta al edificio de la calle Argumosa 11, situado en pleno barrio madrileño de Lavapiés, no es un desahucio cualquiera. Es el paradigma de los desahucios que se están llevando a cabo en nuestro país durante los últimos meses, fundamentalmente en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona. Es el ejemplo de la precarización de la vivienda, cada vez más costosa de adquirir, ya sea en compraventa o en alquiler; del rentable y execrable negocio que los fondos buitre han encontrado en los edificios y locales con rentas bajas que aún perviven en nuestras ciudades; de la turistificación de amplias zonas del centro, que ha transformado lo que antes eran comunidades de vecinos en alojamientos turísticos; de la expulsión de los habitantes de los barrios más céntricos a la periferia, en el caso de los más afortunados, o a vivir condenados a la penuria e incluso, en los casos más extremos, a conocer la dura vida de la calle.

Argumosa 11, propiedad de una familia perteneciente a la burguesía madrileña y de la empresa Proindivisos, se ha convertido en un símbolo contra la especulación inmobiliaria y el derecho a la vivienda en Madrid y ahora también en toda España, gracias a la difusión por parte de todos los medios de prensa nacionales. Además, concurren una serie de circunstancias que convierten a este lanzamiento en un caso más sangrante aún que otros similares. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas ha solicitado hasta tres veces, la última hace pocos días, que se paralizara el desahucio de Pepi, una de las demandadas, ante la falta de una vivienda alternativa adecuada, sin que las autoridades españolas hayan atendido en ningún momento esta petición.  Juani y Mayra, dos de las otras afectadas, que habitan en pisos distintos, pero con el mismo contrato, también contaban con una resolución similar en uno de los intentos previos de desahucio, resolución que tampoco ha sido tenida en cuenta. De las cuatro familias desahuciadas, solo la de Juani tiene concedido un piso del IVIMA, pero todavía no se lo han entregado. Las otras tres familias se han quedado en la calle, una de ellas con tres niños a su cargo, incluido un bebé de tan solo un mes de vida, y otra con una adolescente discapacitada.

Después de una decena de intentos de desahucio, todos ellos exitosamente paralizados gracias a la movilización de los vecinos, de activistas de diversas plataformas y de integrantes de partidos políticos, como Unidos Podemos, el pasado viernes día 22 nada menos que tres juzgados, hecho hasta ahora totalmente inédito en la historia judicial española, se pusieron de acuerdo para ejecutar los lanzamientos el mismo día y a la misma hora, y hasta 50 policías antidisturbios fueron enviados con la consigna de mantener acordonada la zona desde la noche anterior para evitar el acceso de los activistas al edificio y controlar cualquier movimiento que se pudiera producir. Las personas que ya se encontraban dentro del portal e intentaron impedir la entrada de las tres comisiones judiciales resultaron heridas y algunas de ellas, hasta siete, posteriormente detenidas cuando los agentes de la Policía Nacional rompieron los cristales con gran violencia para poder acceder al interior.

Los diputados de Unidos Podemos Ana Marcello, Alberto Rodríguez y Rafael Mayoral estuvieron presentes en la concentración que los vecinos y activistas mantuvieron durante toda la noche frente al edificio, sin que la policía les permitiera en ningún momento acceder al inmueble.

Desde Podemos Tres Cantos queremos expresar nuestro orgullo por la lucha de estos compañeros y compañeras y de todas las personas que han estado acompañando a Pepi, Rosi, Juani, Mayra y a sus respectivas familias durante todos estos meses de incertidumbre y calvario por los que han atravesado desde que en abril de 2018 llegó el primer burofax informando de que los inquilinos serían desalojados en cuanto venciesen los contratos de arrendamiento que cada uno tenía con la propiedad si no aceptaban un incremento del 300% en su renta mensual.

Desde Podemos Tres Cantos condenamos la desproporcionada e innecesaria violencia con la que la Policía actuó el viernes contra las personas que se concentraban pacíficamente frente a Argumosa 11 y esperamos que las autoridades competentes puedan proporcionar alternativas habitacionales a estas familias desahuciadas que todavía no cuentan con una vivienda y que no volvamos a presenciar un episodio tan vergonzoso como el que hemos tenido el bochorno de vivir en directo, retransmitido por emisoras de radio y televisión como si de un reality show se tratara.

Porque Sí se puede, reivindicamos el derecho a una vivienda digna, con unos precios y unas condiciones accesibles, y a recuperar el centro de nuestras ciudades para sus habitantes, sus hijos y los hijos de sus hijos.