70 años han transcurridos desde que el delicado propósito de aunar y sintetizar las aspiraciones de todos los pueblos y naciones todavía impactados por el horror de la Segunda Guerra Mundial pudiera ser presentado a la Asamblea General como “anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos”. La Comisión que elaboró el documento estaba formada por 18 miembros, representando a distintas naciones, que sustentaban también disímiles visiones jurídicas y culturales. Uno de los aspectos esenciales de la discusión estuvo centrado en la aprensión de que, a pesar de que allí se establecía la igualdad en dignidad y valor de todos los seres humanos, su presentación no fuera a hacer ver una retórica excluyentemente propia del pensamiento occidental.

Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, con 48 votos a favor y 8 abstenciones, proclamaron la Declaración, que reflejaba una conciencia mundial por establecer un denominador común que hermanara a los individuos de todas las latitudes en el reconocimiento de sus derechos esenciales. Este gigantesco paso instauraba la idea de gobiernos que explícitamente se comprometían a proteger los derechos fundamentales ante los ciudadanos sujetos a su jurisdicción.

Difícil habría sido en aquel momento tratar de imponer el carácter vinculante de la Declaración, sugerida hasta entonces como “recomendaciones”. Sin embargo, su poder ético es tan potente que logró progresivamente despertar la adhesión de amplios sectores de ciudadanos en el mundo, alcanzando una condición de referente moral y jurídico que progresivamente persuadiría a los Estados a reconocer su “obligatoriedad”. Los instrumentos internacionales que fueron dando un revestimiento jurídico a los 30 derechos considerados básicos, alcanzaron una sólida posición en el Derecho moderno, siendo recogidos luego por la legislación interna de los Estados.

Un indicador de la importancia que hoy se otorga a los derechos humanos —que lamentablemente no impide que se sigan trasgrediendo en muchos lugares del mundo—, es que la mayor parte de los Estados ya no intenta ocultar las violaciones que ocurren dentro de sus fronteras, y que el recurso de “soberanía nacional” como argumento de rechazo al escrutinio externo, haya quedado obsoleto en virtud de los tratados internacionales suscritos.

La fuerza moral de los derechos humanos, establecidos en la Declaración de la ONU y en los consiguientes tratados internacionales, fue capaz de constituirse en hito civilizatorio y cultural gracias a que no son un “producto de laboratorio”, no son el resultado de una teoría enunciada por un grupo de mujeres y hombres buenos y geniales, sino la expresión de los más diversos procesos emancipatorios a lo largo de la historia, siempre en busca de una liberación, ya fuere de opresión, esclavitud, coloniaje, etc.

Tal vez el mismo anhelo de liberación que moviliza a miles de mujeres, hombres y niños en la caravana de migrantes centroamericanos que intenta ingresar a EE.UU., con la esperanza de dejar atrás una vida de sufrimiento e incertidumbre. Difícilmente al presidente Trump se le podrá disuadir de su convicción de que se trata de una masa de maleantes decididos a hacer daño a su país; mucho menos lo sensibilizará el grave riesgo que corren las miles de personas que marchan, quienes, más allá de cualquier otra consideración, deben ser atendidas desde un punto de vista humanitario, procurando proteger sus derechos humanos fundamentales. Pero el mundo sí debería asumir el carácter simbólico de esta caravana: no son “centroamericanos” ni “morenitos”, son seres humanos y como tales tienen “derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica” (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 6). Representan una amplia diversidad, no solo de nacionalidades, también etaria, de género, de educación y cultura, de estados de salud. Desde ese punto de vista, representan a toda la humanidad. Y viajan hacia los Estados Unidos de Norteamérica, no porque estén seducidos por el American way of life, sino porque ven allá la oportunidad de encontrar lo que cualquier ciudadano del mundo querría para él y su familia. Estabilidad, trabajo, seguridad, educación para sus hijos. Tal vez ni siquiera tengan en mente el cálculo de cuánto de las miserias que hoy cargan son causa precisamente del esplendor económico estadounidense, logrado a través de las inversiones que durante casi dos siglos explotaron sus materias primas, dejando en aquellos países un subdesarrollo estructural.

Los ciudadanos conscientes del mundo, aquellos que se sienten parte de la gran familia humana como la dejó esbozada la Declaración Universal de 1948, debemos aprender a reconocer la xenofobia que esconden las barreras impuestas discriminatoriamente sobre determinados migrantes, especialmente cuando son motivadas por el racismo, una plaga que todos deberíamos combatir, informados como estamos de la violencia, muerte, y pérdida de identidad cultural que conlleva.

El futuro que nos propone la Declaración Universal de Derechos Humanos pasa necesariamente por una participación activa en las grandes causas de la fraternidad universal.

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Fuente: Iniciativa Laicista