Nuestro país suele ser escenario habitual de multitudinarias manifestaciones convocadas para exigir que todos los embarazos humanos culminen con el nacimiento de un bebé, más allá de la voluntad de la madre. Estas personas, normalmente conectadas con movimientos religiosos integristas y con la parte más retrógrada de la derecha política, anteponen el "derecho a la vida" de las células embrionarias situadas en un útero, respecto a cualquier otra circunstancia volitiva, personal, social, laboral, económica, afectiva o psicológica de la mujer de la que forma parte ese órgano.

Sin embargo, la actitud de estos grupos es muy diferente cuando hablamos del "derecho a la vida" de los seres humanos completos que han contraído la hepatitis C, una enfermedad grave que cada dos horas siega la vida de una persona en España. En este caso, la lógica del dios Mercado prevalece sobre el "derecho a la vida" de los enfermos. Razones de mercado son las que impiden que los gestores de la sanidad pública española (muchos de ellos conectados con movimientos religiosos integristas y con la parte más retrógrada de la derecha política) suministren a estos enfermos el medicamento Sovaldi, patentado por la empresa Gilead Sciences, y comercializado a 1.000 dólares el comprimido de 400 mg. (lo que supondría un coste total de entre 50.000 y 100.000 euros por paciente).

Frente a la negativa de estos gestores a abonar el "precio de mercado" del fármaco, e incluso, a denunciar la patente ante los organismos internacionales para fabricar el correspondiente genérico (lo que rebajaría el coste para dejarlo entre 600 y 900 euros), las organizaciones "pro vida" no han convocado multitudinarias manifestaciones ni han realizado soflamas incendiarias a favor del "derecho a la vida" de unos enfermos que, además de padecer su dolencia, deben sufrir la afrenta de unos gobernantes dispuestos a racanearles el medicamento que podría salvarles la vida.

Debe de ser porque lo suyo son las células y no los seres humanos.

Mañana se cumplirán 20 días desde el inicio del encierro que están llevando a cabo varios activistas de la plataforma de afectados por la hepatitis C en el hospital Doce de Octubre de Madrid. Veinte días en los que el único argumento esgrimido por los responsables del sistema sanitario público de nuestro país, es que existen carencias presupuestarias para suministrar Sovaldi a todos los enfermos que lo necesitan.

Sin embargo, estos gobernantes cometen un grave error en el análisis de un problema que, en realidad, sólo tiene dos constantes:

1) todo el mundo en España tiene el derecho constitucional a la protección de la salud a través de las prestaciones y los servicios necesarios (art. 43)1

2) la sanidad pública española se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a través de un sistema financiero justo y progresivo (art. 31)2

Con estas dos constantes no cabe la posibilidad de que las vidas de un grupo de pacientes corran peligro por no suministrarles el tratamiento idóneo para la dolencia que padecen, ya que la Constitución no permite la existencia de una sanidad pública deficitaria, ni tampoco de un sistema insuficientemente dotado de recursos humanos y económicos a causa de la ineptitud de sus gestores.

Así las cosas, las prioridades presupuestarias de un gobierno conectado con movimientos religiosos integristas y con la parte más retrógrada de la derecha política, podrían ser:
1.Comprar drones a Israel o a Estados Unidos, por valor de 10.000 millones de euros
2.Rescatar a las entidades financieras que perdieron dinero especulando en el casino de la burbuja inmobiliaria, por valor de 61.366 millones de euros
3.Pagar a la empresa de Florentino Pérez la abusiva indemnización pactada en la Operación Castor, por valor de 1.350 millones de euros
4.Costear el tratamiento médico más adecuado para los pacientes de hepatitis C en España, por valor de 800 millones de euros (precio de mercado)

Sólo una de estas prioridades encaja en la Constitución Española, ¿adivinan cuál?

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1 Art. 43 de la Constitución Española: 1) Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3) Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

2 Art. 31 de la Constitución Española: 1) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3) Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

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Crónica de Aragón