El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España a indemnizar con 23.000 euros a Aritz Beristain, detenido en 2002 en Donostia en una operación contra la kale borroka, al considerar que el estado español violó el artículo 3 –prohibición de la tortura– del Convenio Europeo de Derechos Humanos, desde el punto de vista procedimental, por "la ausencia de una investigación profunda y efectiva"

Beristain denunció que durante los traslados, la incomunicación y antes de la declaración judicial había sido golpeado por agentes de la Guardia Civil, quienes le sometieron a sesiones de asfixia con una bolsa de plástico alrededor de la cabeza, humillaciones, vejaciones sexuales y amenazas de muerte y violación.

Según la sentencia de Estrasburgo "cuando un individuo denuncia haber sufrido a manos de la policía o de otros servicios del Estado graves daños se requiere la puesta en marcha de una investigación oficial efectiva".

La Sala Tercera del Tribunal utiliza los mismos argumentos e impone idéntica sanción económica que en la sentencia, hecha pública hace seis meses, de la demanda interpuesta por el preso de la banda terrorista ETA Mikel San Argimiro, que denunció torturas tras su detención.

La demanda, presentada por los abogados Didier Rouget y Aiert Larrarte Aldasoro, también alegó la ausencia de investigación tras las denuncias presentadas en las instancias nacionales.

Beristian, durante su detención del 5 al 10 de septiembre en San Sebastián y en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid,  fue examinado en cinco ocasiones por un médico forense.

En el primer examen se detectó "una herida lineal de 1,5 centímetros en el lado derecho de la cara, a la altura de la mandíbula (erosión malar)". Durante el trayecto entre San Sebastián y Madrid, el demandante alegó que "los agentes le colocaron una bolsa en la cabeza" y "amenazas contra su familia". Ya en Madrid, "recibió golpes con una pistola", y "le introdujeron un objeto por el ano", agregó. Beristain no denunció estos hechos ante el médico forense y "justificó su silencio por el miedo a los agentes de la Guardia Civil que le vigilaban".

La denuncia fue archivada por falta de pruebas y lo mismo sucedió con el recurso planteado por Beristain ante la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Constitucional.

El tribunal europeo considera que Beristian vió afectados sus derechos a la integridad física y moral y a la protección objetiva de los jueces y de los tribunales.

Indica que los informes médicos elaborados durante su detención reflejaban que el arrestado había sufrido lesiones lo que tendría que haber generado "una investigación más en profundidad".

Por ello, considera adecuado que el afectado reciba "una indemnización por daños morales" que fija en un total de 20.000 euros, a los que añade 3.000 en compensación por los gastos judiciales que le han supuesto los distintos recursos presentados.