José Luis Corcuera, Ministro de Interior del PSOE desde 1988 hasta 1993, fue el principal ideólogo de la ley de seguridad ciudadana aún vigente. Recibió el nombre popular de “ley de la patada en la puerta” porque la intención del gobierno era permitir a la policía la entrada y registro, sin autorización judicial, en los domicilios donde se tuviera sospechas de que estaba cometiendo un delito. El TC tumbó ese artículo. Pero el resto de la ley permaneció hasta la actualidad, desde 1992. Antes se aplicaba la legislación del franquismo, derogada en parte por la Constitución y un par de leyes de los años 70.

Así que no es nueva la regulación de la sacrosanta “seguridad ciudadana”. Lo más interesante es, de hecho, el concepto, por las implicaciones políticas que tiene. El proyecto de ley hace una definición: “la seguridad ciudadana es una condición esencial para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas”. Podría parecer una explicación comprometida socialmente. A primera vista, están preocupándose por nuestros derechos y libertades. Pero nada más lejos de ello: es un concepto represivo que pretenden maquillar con pinceladas de liberalismo.

De entre las novedades que incluye la reforma está la ampliación de las potestades de la llamada policía preventiva. Podrán, por ejemplo, identificar a quien lleve el rostro cubierto, grabar a la gente durante las manifestaciones o registrar discrecionalmente para encontrar armas o “elementos susceptibles de ser usados para la comisión de un delito”. También son nuevas algunas técnicas de control, como que los proveedores de servicios telefónicos y los propietarios de locutorios estarán obligados a proporcionar información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Ministro de Interior incluso ha diseñado infracciones muy graves a medida de algunas formas actuales de protesta. Quedan prohibidas las reuniones y manifestaciones en las sedes del Congreso y del Senado si perturban la seguridad ciudadana.

Del catálogo de infracciones graves son nuevas e intolerables, entre otras: desobedecer o resistirse a la autoridad, usar capucha, obstruir el ejercicio de la policía, manifestarse y reunirse sin comunicarlo, ofender a España o alguna comunidad autónoma o animar públicamente a “alterar la seguridad ciudadana” (o sea, retuitear una convocatoria de mani). Sólo son algunos ejemplos. La cosa no acaba ahí. No seguir el itinerario marcado en una manifestación, jugar en la calle si se perturba la seguridad ciudadana o retirar una valla son infracciones leves. La sanción es siempre económica y casi siempre muy elevada. Es el truculento toque capitalista: quien se queje, que pague. Oscilan entre 100 y 600.000 euros.

No nos harán creer que esto es seguridad. Porque detrás de su seguridad ciudadana está la racista política migratoria de la Unión Europea. Detrás de su seguridad ciudadana está la paranoica persecución al “terrorista”. Detrás de su seguridad ciudadana está la aparición velada de la cadena perpetua en el Código Penal. Y ahora, también, se encuentra la escalada represora de los derechos de expresión e información. El elemento común es la aparición de una vieja pero renovada tendencia política y legislativa, la persecución de una nueva enemiga: la persona que protesta.

Adelina Cabrera es abogada y militante de En lluita / En lucha

---------------